Ramón Luque y Ricardo Uferer eran militantes de la Juventud Peronista (JP) de Chaco que fueron secuestrados en junio de 1976 cuando cumplían el servicio militar en un regimiento del Ejército, en las afueras de Resistencia, y durante años brindaron testimonio de lo que sufrieron y presenciaron en las cárceles y centros clandestinos donde estuvieron detenidos.

Después de 45 años, todo parece estar dispuesto para el inicio del juicio oral y público en el que se analizarán los abusos y tormentos que estos exsoldados padecieron en cautiverio.

"Desde el comienzo de la democracia que venimos contando las cosas que vimos y declaramos en varias causas de lesa humanidad. Ahora es nuestro caso el que va a juicio y tenemos muchas expectativas", señaló Uferer en declaraciones a Télam.

"Siempre declaré y conté lo que sabía, al igual que Ricardo. Siempre buscamos justicia, nunca nos movieron ni el odio ni la venganza", remarcó Luque a esta agencia.

Actualmente, ambos están jubilados y viven en Resistencia, la ciudad donde militaban en una agrupación de superficie de la organización Montoneros.

"Nos conocíamos pero militábamos en lugares distintos de la ciudad. Hicimos desde Resistencia mucho apoyo logístico a las luchas que daban en las zonas rurales de Chaco las Ligas Agrarias, organizaciones de los trabajadores del campo que estaban muy movilizadas, pero después del golpe (de Estado de 1976) la cosa se puso dura y empezamos a replegarnos, a preservarnos un poco", evocó Uferer.

En ese contexto, les llegó a los dos la convocatoria para hacer la conscripción y fueron incorporados al Grupo 7 de Artillería ubicado en La Liguria, una zona de camino entre Resistencia y el puerto de Barranqueras ubicado en una de las márgenes del Paraná.

"Eran días complicados. Un hermano mío que militaba estaba detenido y hubo un allanamiento en mi casa. Salíamos de franco los fines de semana y teníamos que andar con mucho cuidado", recordó Ricardo.

Los dos militantes de la JP estaban destinados en baterías diferentes del regimiento, y el 12 de junio se produce el secuestro de Luque, que es informado por un oficial en la Plaza de Armas de la unidad.

"En la formación, a la mañana bien temprano, un oficial cuenta que habían detenido a 'un enemigo' de la patria. Pensé entonces que en cualquier momento me podía tocar a mí", afirmó Ricardo.

El 22 de junio se produce la captura de Uferer, que al igual que su compañero es trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, donde funcionaba un centro clandestino.

Ambos fueron torturados juntos y por separado en lugares conocidos como "sala negra" y "el sótano", y en septiembre son trasladados a la alcaldía policial, donde reconocen al oficial Lucio Humberto Caballero (condenado en varios juicios de lesa humanidad) como uno de los jefes que ordenaban las torturas.

En la alcaldía permanecieron junto a otros varios detenidos, quienes no podían tener contacto entre ellos y eran sometidos a constantes requisas que terminaban en sesiones de tormentos.

En ese lugar, Luque y Uferer vieron a varios de los prisioneros que luego serían ejecutados en la Masacre de Margarita Belén, donde mataron a once militantes y otros cuatro fueron desaparecidos en un fingido intento de fuga.

En 1977, Ramón y Ricardo son llevados a Córdoba, más precisamente a La Ribera, un penal militar que había sido convertido en centro clandestino de detención, donde permanecieron cuatro meses en condiciones infrahumanas.

En diciembre de ese año son devueltos a Chaco, detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, y en su causa interviene un Juzgado federal, que los sobresee, pero siguen detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y en 1981 son trasladados nuevamente a Córdoba para someterlos a un Consejo de Guerra, que los deja en libertad en octubre de 1982.

Con la llegada de la democracia, se forma en la Legislatura chaqueña un comisión de derechos humanos presidida por Germán Bittel (hijo de Deolindo Felipe Bittel, exgobernador de la provincia) y los dos exsoldados dan testimonio sobre los detenidos que vieron con vida en la Alcaldía y que luego serían ejecutados en Margarita Belén.

También declaran en el juicio a las Juntas sobre esa masacre y en juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Chaco en 2011, al igual que en los debates de las causas Caballero I, II y III.

En 2014, comenzó a investigarse la detención ilegal y las torturas que padecieron, y el año pasado se confirmaron los procesamientos y la elevación a juicio oral.

Los imputados que deberán sentarse en el banquillo, y que ya tienen condenas en causas como Margarita Belén y Caballero, son los policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Juan de la Cruz López y José Marín.

También se encuentran entre los acusados los militares Luis Alberto Patetta, Aldo Héctor Martínez Segón, Ernesto Jorge Simoni, y Ricardo Guillermo Reyes, y el exagente penitenciario Miguel Angel Vittorelo.

El tribunal estará integrado por Liliana Graciela Carnero, Noemi Marta Berros y Roberto López Arango, jueces de Paraná, Entre Ríos, pues en Chaco los magistrados en actividad ya dictaron sentencias en otras causas en las que los imputados resultaron condenados.

En este juicio habrá una causa unificada, la que se le sigue al comisario Domingo Mora por torturas, y a la cual la fiscalía incorporó pruebas recientemente. En función de ello, fuentes judiciales estiman que el proceso oral y público comenzaría en dos meses.

"Es un caso que muestra las prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos que hubo en el terrorismo de Estado. Son dos víctimas que salvaron sus vidas de milagro", afirmó a Télam el fiscal federal de Resistencia Diego Vigay, a cargo de la acusación en este juicio. (Télam)