Los Ramirez nunca buscaron venganza, dijo la abogada de hermanos apropiados

Carla Ocampo Pilla, abogada de Carlos, María y Mariano Ramírez, a cuya madre asesinó la última dictadura, la cual además les sustrajo la identidad al internarlos en un hogar de menores donde sufrieron malos tratos y abusos sexuales, aseguró hoy que los hermanos "nunca buscaron venganza sino justicia".
Además, lamentó que a poco de concluir el juicio aún se desconoce dónde están los restos de la madre de los entonces niños.
Se trata del juicio denominado "Hogar de Belén", por el hogar de menores de la ciudad de Banfield donde estuvieron alojados los Ramírez cuando tenían 5,3 y 2 años, luego de que su madre, Vicenta Orrego Meza de Ramírez, fuera asesinada por fuerzas militares y policiales en un operativo en marzo de 1977 en su casa de Almirante Brown.
El juicio, que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó el 4 de marzo de 2022, ingresó en su tramo final luego de que, tras las exposiciones de la fiscalía, hoy terminaron de alegar las querellas de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los hermanos Ramírez, presentes de manera virtual en esta audiencia desde su lugar de residencia en Suecia.
Los acusados son el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el excomisario y jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Wolk y los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López, expolicía de la misma brigada, además de la exsecretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer.
El represor Miguel Etchecolatz estaba imputado pero quedó impune de estos hechos al fallecer en prisión el 2 de julio último.
"Para ellos (los Ramírez) este proceso genera dolor, significa tener que volver a recordar el infierno que transitaron y la situación de desaparición de su mamá y el dolor de culminar este debate sin saber dónde está Vicenta", expresó la abogada Ocampo Pilla.
La letrada informó su adhesión a la totalidad de los planteos de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata, que en su alegato solicitó penas de prisión perpetua para todos los imputados y en el caso de la exsecretaria Pellicer pidió 21 años de cárcel.
La abogada, dirigiéndose a los tres hermanos, les dijo que "estamos más cerca de finalizar el camino que emprendieron de buscar la verdad y la justicia. Quería contarle a la sociedad su verdad. La familia Ramírez, a pesar del daño sufrido, nunca ha buscado venganza. Transformaron el infierno en un imperioso deseo de justicia".
"A pesar del silencio de los responsables, que se llevan a su tumba, ustedes no renunciaron a su búsqueda de verdad y justicia. Gracias María, Carlos y Mariano por su coraje, por mantener intactas sus convicciones y su lucha, Hoy pueden sentirse más libres. Por Vicenta y los 30 mil detenidos desaparecidos Verdad y Justicia", concluyó la abogada con voz quebrada.
Durante esta audiencia también alegó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por los abogados Pedro Griffo y Facundo Dadic, quienes pidieron penas de prisión perpetua por el delito de "genocidio" para el exministro Smart y los expolicías y 15 años de cárcel para Pellicer.
"Ella (Pellicer) refrendó actos que dan cuenta que conocía la causa y ser la mano derecha de la jueza Marta Pons la ponía en una posición de conocimiento. Era su persona de confianza y no hay forma que desconociera las firmas que figuran en el expediente de guarda. Estaba en conocimiento de la identidad de los niños pero el objetivo nunca fue restituirlos", sostuvo Griffo al alegar.
Afirmó que Pellicer "simuló un proceso de guarda y fue el aporte objetivo al éxito del plan de la magistrada y eso fue un accionar criminal".
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirió a los pedidos de la fiscalía para que en el veredicto se incluya una "declaración de la verdad" sobre los padecimientos sufridos por los hermanos y se pida una rectificación a los diarios Clarín y La Nación sobre lo informado acerca de los dos operativos policiales donde fueron asesinadas personas, entre ellas la madre de los Ramírez.
La Secretaría también coincidió con la fiscalía en pedir que el Hogar de Belén, que aún funciona como instituto de menores, sea desafectado.
"Pedimos que se declare que en el Hogar de Belén funcionó un centro clandestino de detención", dijo rotundo el abogado Griffo, quien solicitó que se instale allí un espacio de memoria. (Télam)