En los últimos años se lograron una serie de avances en la judicialización de la responsabilidad empresarial y en la adopción de medidas reparatorias para las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica durante la última dictadura, un tema que la Secretaría de Derechos Humanos destacó como "prioritario" en su agenda.

En la reciente publicación de la cartera de Derechos Humanos se pusieron de relieve diversas iniciativas que se concretaron tanto en el campo penal como en el laboral y civil, y que dieron lugar a su vez a políticas de reparación tanto individuales como colectivas.

Entre ellas, se destacó la reparación de legajos laborales que en primer término se dio en el sector público y, desde fines de 2021, también en el sector privado.

En la sentencia del pasado 6 de julio de la Megacausa de Campo de Mayo, donde según la fiscal Gabriela Sosti el "67% de las 347 víctimas eran militantes sindicales y trabajadores de las grandes empresas del cordón industrial de la zona norte", se dispuso la reparación de todos sus legajos.

En el ámbito civil, se marcó como relevante la modificación del Código Civil en noviembre del 2020 que "estableció la imprescriptibilidad de resarcimiento de los delitos de lesa humanidad".

Otra iniciativa reparatoria tiene que ver con los procesos de señalización que se vienen llevando a cabo en las fábricas o empresas en las cuales se cometieron delitos de lesa humanidad o que incluso funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura como "El Quincho" dentro del predio de Ford.

Este año, por ejemplo, se señalizó la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como "Albergue de solteros", en el que fueron asesinadas 21 personas vinculadas a la empresa; nueve aún continúan desaparecidas y 66 fueron privadas de su libertad y luego liberadas.

Al respecto, la coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, Victoria Basualdo, destacó que la señalización de empresas en las cuales se cometieron delitos de lesa humanidad "permite que haya una marca pública respecto del territorio y de lo que sucedió allí, así como una convocatoria a hablar".

En este mismo sentido, la coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Cels, Sol Hourcade, consideró este proceso de señalización como "muy importante para las familias, los compañeros y compañeras de trabajadores y también para las futuras generaciones para que conozcan esa historia combativa de las clases trabajadoras que les precedieron y sepan lo que ocurrió".

Asimismo, Hourcade subrayó el reclamo efectuado por el Cels en la última reunión Interpoderes de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, para "la agilización de las causas con acciones concretas" y el "avance de las investigaciones y los juicios pendientes" que den "respuestas a las víctimas y a la sociedad en su conjunto".

Por otra parte, el documento de la Secretaría remarcó la importancia de las presentaciones y acuerdos que se vienen llevando a cabo a nivel internacional como la firma del acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para reparar los daños contra Pedro Troiani, extrabajador y delegado de Ford secuestrado y torturado dentro de la empresa en 1976.

A nivel de los procesos de juzgamiento de responsabilidad empresarial, en los últimos dos años se dieron avances en los procesamientos de figuras de la empresa Norwinco y el ingenio La Fronterita, ambas de Tucumán; así como de la empresa Acindar en los casos de represión de Villa Constitución y una segunda causa de la Veloz del Norte en Salta. (Télam)