Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) pidieron hoy al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires informes sobre la Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares y cuestionaron la adjudicación de terrenos e inmuebles públicos a empresas que realizarán una actividad comercial y recibirán beneficios impositivos.

"Creemos fundamental saber cuáles son los terrenos sobre los cuales se está planificando", dijo a Télam la legisladora Magdalena Tiesso, autora del pedido de informes, y agregó que ve con "preocupación el impacto que tendrá esta norma en los barrios" y cómo afectará a sus pequeños comerciantes y trabajadores la llegada de "mega empresas que competirán de manera desleal".

Tiesso se refirió de ese modo a una ley presentada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que fue aprobada en la Legislatura porteña el 2 de junio último con votos del interbloque oficialista Juntos por el Cambio (JxC), quienes destacaron que el objetivo era "promover el desarrollo económico" de cuatro barrios populares donde se están implementando leyes de reurbanización: Rodrigo Bueno, Padre Mugica, Playón de Chacarita y Villa 20.

De acuerdo a esa ley, las empresas que se instalen en esos barrios obtendrán descuentos sobre los ingresos brutos de hasta el 80%.

"Esa ley no tuvo participación de los vecinos y no va a impulsar el trabajo para quienes habitan estos barrio", afirmó Tiesso.

En el pedido de informes, entre otros puntos, los legisladores del FdT, principal bloque opositor en la Legislatura porteña, preguntaron "en qué terrenos se ubicarán las empresas que se verán beneficiadas con exenciones impositivas" y si esas tierras "son de dominio público o privado".

En una resolución del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño publicada el 23 de mayo último en el Boletín Oficial de la Ciudad, se informó la preadjudicación a las empresas Farmacity, Gire y Nobs de inmuebles pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ubicados en los barrios Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita para "uso y explotación con carácter oneroso por un total por los cinco años".

Al respecto, en el pedido de informes, desde el FdT preguntaron "por qué razones se priorizarían los usos comerciales sobre las viviendas y el espacio público".

También pidieron al Gobierno de Rodríguez Larreta que "explique cómo afecta la implementación de esta ley sobre los planes de reurbanización de los barrios, y cómo se evalúa el impacto sobre el tejido y la trama urbana".

Por otro lado, los legisladores preguntaron por una recorrida que realizaron funcionarios del Gobierno porteño por los barrios abarcados en la ley.

"Qué objetivos tuvieron las recorridas del 9 de junio y a quiénes se invitó a recorrer los terrenos para desarrollar económicamente, y con qué criterio se eligen esas personas o empresas", preguntaron.

Estas recorridas fueron "organizadas por la subsecretaría de Gestión de Políticas Productivas con el objetivo de conocer en terreno las posibilidades de desarrollo urbano y los negocios que ofrece este distrito", advirtió la legisladora, y agregó que se realizaron "sin conocimiento de los vecinos, de los comerciantes de los barrios, de los comuneros y sin informar a las mesas de gestión participativa".

El pedido de informes es autoría de Tiesso y cuenta con la firma de sus compañeros de bloque Alejandro Amor, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño, Berenice Iáñez, Juan Modarelli, Claudia Neira y Laura Velasco.

(Télam)