Por Cecilia Moreau, diputada nacional, vicepresidenta bloque Frente Todos y presidenta de la comisión de Legislación General que fue cabecera del debate.


Partiendo del hecho de que los abortos existen, que se practican pese a la penalidad y que, por esto último, se hacen en la clandestinidad, se infiere que quienes tienen mayor poder adquisitivo o una red de apoyo pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, pero quienes no cuentan con estas condiciones quedan en situación de vulnerabilidad. Por eso, legalizarlo y despenalizarlo es un acto de justicia social, porque otorga iguales condiciones a todas las personas gestantes que hayan tomado esa decisión.

La legislación actual solo reconoce tres razones por las cuales se pueden interrumpir embarazos y castiga las decisiones personales que no son previstas en la ley. Incluso, aunque reconoce esas causales, no existen garantías, por las faltas de protocolos de atención, por la burocracia que se suscita ante una decisión que exige celeridad y varios etcéteras.

Hablamos de un reclamo histórico: hace más de una década que se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el proyecto se presentó en la Cámara de Diputados en muchas oportunidades y su discusión atravesó a todos los partidos políticos.

En el camino, hemos ido madurando como sociedad, hoy mayoritariamente reconocemos la necesidad de avanzar en una modificación de nuestro marco regulatorio dejando atrás la sanción penal. Pero también debemos dar paso a una política pública integral desde la perspectiva de la salud.

La penalización fracasó. El aborto es una práctica que atraviesa todos los sectores sociales, pero quienes cuentan con menos recursos pagan con sus cuerpos y con sus vidas las consecuencias de la clandestinidad. Votar a favor de la legalización es desafiar la hipocresía de este doble estándar.

La ley no aumentará el número de abortos porque no impone, no tuerce la voluntad de nadie, solo brinda acceso a la salud de calidad para quien lo necesite.

Esta decisión política eliminará la desigualdad socioeconómica entre mujeres y nos reconocerá de una vez como sujetos políticos plenos con autoridad, autonomía y derecho a dirigir nuestras propias vidas. Que sea ley. (Télam)