Por Manuel Ludueña, arquitecto, planificador urbano y regional (UBA), especializado en Administración de Áreas Metropolitanas, con orientación en ecología, transporte no motorizado y espacios públicos, integrante de Buenos Aires Sostenible.


El Plan Inmobiliario del PRO desvirtúa la Ley 2930 y el Capítulo Ambiental de la Constitución de CABA. Se funda por medio de tres instrumentos: venta de edificios y tierra pública, regulación para anular terrenos necesarios como urbanización parque dotándolos de capacidades constructivas excepcionales -entre 3 y 11 veces más la superficie de los terrenos- habilitando usos suntuosos, e inversiones propicias para los desarrollos urbanísticos del corredor ribereño socializando el endeudamiento externo con garantías de actividades consumistas-viaducto para el transporte pesado y mayor accesibilidad para vehículos automotores particulares, infraestructura de saneamiento y de comunicaciones, espacios verdes de acceso limitado-.

El escenario costero de endeudamiento público -de la sociedad- e inversiones privadas de alta rentabilidad urbana territorialmente no derraman, sino que fragmentan, expulsan y succionan las inversiones públicas de modo creciente -de infraestructuras actualizadas, seguridad, mantenimiento del espacio público y de los espacios verdes complementarios-. Es, a su vez, un marco escenográfico, un sector urbano terciario, dolarizado que, lejos de integrar promueve un territorio exclusivo.

La operación anti-Plan Urbano Ambiental se asienta en un círculo rojo economicista con actores selectos relacionados con los medios académicos y profesionales de la arquitectura y la ingeniería, de desarrolladores, inversores y financistas locales e internacionales que, al unísono, actúan solo en su propio beneficio con una gestión que se desentiende del bienestar social y que facilita la apropiación indebida de los bienes comunes.

En los eslabones -Aeroparque, Distrito Joven, proyectos en Areneras, Dársena F y Dársena Norte, Catalinas Norte I y II, Puerto Madero, Solares de Santa María, Isla Demarchi, Dársena Sur, Catalinas Sur II, Distrito de las Artes y el Área de Renovación Urbana Riachuelo- es donde se aplicaron los instrumentos de venta, regulación e inversiones prioritarias del GCABA. El efecto de sus desarrollos va en detrimento del resto de la ciudad, lejos de atender la integración con el Gran Buenos Aires y agrega una nueva desigualdad territorial, a la histórica entre el Norte y el Sur, se agrega la del Área Internacional. Su "eficiencia" surge al adoptarse en la gestión pública de la ciudad desde el 10 de diciembre de 2008 un proyecto empresarial de extractivismo financiero. Parafraseando dos versos de la canción "El Arriero" de Atahualpa Yupanqui "las tierras públicas se enajenan, las deudas públicas son de nosotros". El derrame es para ellos. (Télam)