La Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini, solicitó hoy ser tenida como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el FMI.

La denuncia había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra de dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

"Vengo a solicitar que el Estado nacional sea tenido como parte querellante en las actuaciones antes individualizadas, a fin de que se esclarezcan y en su caso se sancionen, conductas que prima facie comprometerían la responsabilidad del ex presidente de la nación, ingeniero Mauricio Macri" y de sus exministros y expresidentes del Banco Central de la República Argentina, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, dice la presentación.

El texto lleva la firma de Zannini y del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quienes señalaron que "a través de la violación de múltiples normas legales y reglamentarias se asumieron obligaciones de orden financiero que comprometieron el crédito de la República por un importe del orden de los 44.5 millones de dólares estadounidenses".

Los representantes de la pretensa querella señalaron que según la información y antecedentes aportados por el Banco Central de la República Argentina y por la Sindicatura General de la Nación "un monto de moneda extranjera similar al de la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido, en el mismo periodo, por personas jurídicas y humanas, para concretar inmediatamente la formación de activos externos de la libre disponibilidad (comúnmente edificada como 'fuga de divisas)".

En su presentación ante el juzgado que conduce la jueza María Eugenia Capuchetti, Zannini y Diez remarcaron que "la pretensión estatal de dirigirse en querellante de modo alguno tiene por finalidad impulsar la criminalización de la política económica que desarrolló la gestión gubernamental iniciada el 10 de diciembre de 2015".

"En el caso del último endeudamiento asumido por la nación con el Fondo Monetario Internacional se presentan conductas que, en principio, resultarían reprochables en términos penales", señalaron.

Tal como fue anticipado en la denuncia de la Oficina Anticorrupción, los pretensos querellantes aseguraron que "existen elementos de juicio que fundadamente permiten atribuir a los funcionarios del gobierno argentino responsable de las operaciones celebradas con el FMI el incumplimiento de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa".

El acuerdo con el FMI -aseguraron- "fue celebrado prima facie en violación a normas procedimentales y de asignación de competencias, circunstancia que vicia desde el punto de vista jurídico lo actuado por funcionarios del gobierno argentino intervinientes en la operación".

La querella fue presentada luego de que así lo dispusiera el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que se publicó el último viernes en el Boletín Oficial y que llevó también la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria, y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el marco de la Asamblea Legislativa del 1 marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Allí el Presidente reveló que había "instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra". (Télam)