La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que defina "con la mayor de las premuras posibles" las recusaciones de la jueza y una de las fiscales que intervinieron en el concurso y la quiebra del Correo Argentino S.A., para evitar una nueva dilación del proceso que ya lleva más de 20 años, informaron fuentes judiciales.

En esos Incidentes está en discusión si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es, o no, competente para revisar la decisión de esa Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional que, además, el 4 de mayo pasado puso en suspenso los efectos de la quiebra hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, solicitó un "pronto despacho" y señaló que el Estado Nacional, como acreedor de la empresa del Grupo Macri, se encuentra ante una situación de "denegación de justicia" frente a la "inusitada duración de un proceso que lleva más de 20 años, en el que se dispone una suspensión 'sine die' (sin plazo)".

El 4 de mayo último, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial puso en suspenso la quiebra del Correo Argentino S.A., ante un planteo de la propia concursada, hasta que la hasta que el máximo tribunal se expida sobre las recusaciones que la empresa del grupo Macri formuló contra la jueza Marta Cirulli y la fiscal General Gabriela Boquín.

El Estado Nacional, a través de las Procuración del Tesoro, y la fiscal ante Cámara Comercial ya habían interpuesto antes sendos recursos extraordinarios contra esa resolución de la Sala B, en los que señalaron que la sentencia fue dictada sin una verdadera mayoría, ya que quienes se pronunciaron por la suspensión del proceso (las Matilde Ballerini y María E. Uzal), no coincidieron en los fundamentos.

La presentación de la Procuración del Tesoro, formulada el martes, advierte que se generó, con la suspensión del proceso de quiebra, una situación de "gravedad institucional" por lo que se reclama que el máximo tribunal resuelva de manera rápida si el Tribunal Superior de Justicia porteño es revisor de los fallos de la Cámara Comercial y eventualmente de otras cámaras de apelaciones nacionales. (Télam)