La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) presentó hoy una denuncia por las "condiciones en que cursan la prisión domiciliaria" presas políticas en Jujuy, de acuerdo con lo que pudo comprobar una delegación que visitó la provincia a mediados de octubre, y que será tratada por el Comité Nacional contra la Tortura.

El organismo dio cuenta de las condiciones en las que cursan prisión domiciliaria mujeres que militaban en la organización social Tupac Amaru y que fueron comprobadas "in situ por la delegación que visitó la provincia entre los días once y trece de octubre de 2021", según se precisó en un comunicado.

La comisión estaba integrada por dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, La Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina (Fatpren), La Federación de Trabajadores de la Industria (FTIA-CTA), La Federación Judicial Argentina, El Foro por la Democracia y la Libertad de las y los Presos Políticos de la Argentina, La Asociación Americana de Juristas, La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones sociales y de derechos humanos.

En la presentación se consigna que Graciela López tenía "la piel lastimada, quemada por el dispositivo que se le incrusta en el tobillo" y fue "sometida a esperar horas en un patio frío para que la atienda algún médico".

"Frente al fuerte dolor ahora ya no pide salir al médico ni solicita atención psicológica ya que el maltrato continuo es intolerable", añade el texto.

Respecto a la situación de la presa Adriana Condorí, se indicó: "Al no tener tobillera la llaman por teléfono de madrugada para controlar su permanencia en la prisión domiciliaria. Ella corre asustada, a oscuras, para no demorarse y atender pronto. Entonces la “verduguean” preguntándole si había incumplido y la amenazan con volver a encerrarla. Siempre atiende, aunque sean las 4 de la mañana, pero como si no lo estuviera haciendo, invariablemente la amenazan".

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En el caso de María Condorí, "uno de sus hijos tuvo un accidente", y a pesar de que ella "llamó a sus carceleros para que la autorizaran en forma urgente llevarlo para que lo atendieran en la salita sanitaria" a dos cuadras de la vivienda, le denegaron el permiso "con una deshumanización y desidia repugnantes".

Finalmente, Patricia Cabana presenta una "crítica situación alimentaria de los hijos y de ella misma", además de "la imposibilidad de pagar los servicios".

En la denuncia de la LADH destacan que estos cuatro casos "ya cumplieron con los dos tercios de su injusta condena" y en todos los casos "no hay cumplimiento de la atención médica sanitaria, psicológica y alimentaria".

Además, aseguraron que "el Comité nacional contra la Tortura aceptó tratar la denuncia" presentada por la LADH y a nombre de la amplia delegación que viajó a Jujuy

los días 11 al 13 de octubre, "por torturas contra las presas política en situación de prisión domiciliaria".

María Graciela López, Patricia Cabana, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori fueron condenadas en enero de 2019 a la pena de entre seis y siete años de prisión en el marco de la causa denominada "Pibes Villeros".

Las cuatro detenidas pertenecen a la agrupación política Tupac Amaru y aguardan la libertad condicional desde mediados de octubre de este año. (Télam)