El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego absolvió a ocho ex funcionarios públicos que habían sido condenados a prisión hace 7 años, entre ellos dos ex ministros de Economía de la provincia, en la causa que investiga uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de la provincia, informaron hoy fuentes judiciales.

Los involucrados en el llamado “caso de las Letras de Tesorería” fueron sometidos a juicio en mayo de 2014, y seis de ellos recibieron condenas de prisión efectiva que incluso ya cumplieron.

Sin embargo, las defensas de los funcionarios apelaron al Superior Tribunal que demoró siete años en emitir un nuevo fallo en el que decidió que no había evidencias suficientes para sostener el veredicto, y los absolvió a todos.

La resolución judicial adoptada por los jueces María del Carmen Battaini, Ernesto Loffler y Gonzalo Sagastume se vincula con una maniobra perpetrada durante la parte final de la gestión del exgobernador Hugo Cóccaro, en 2007, para pagar con títulos provinciales por servicios nunca prestados.

En particular, se investigó el pago de 8,2 millones de pesos (equivalente a 2,73 millones de dólares de la época y a 546 millones de pesos actuales) por parte del Estado fueguino a la empresa “Gualdesi Hermanos” en diciembre de 2007, a cambio de bolsones de alimentos para personas indigentes que, según la denuncia presentada por la gestión de la exgobernadora Fabiana Ríos en 2008, nunca se entregaron.

Los pagos fueron realizados con letras emitidas por el Estado, con una modalidad similar a la descubierta en otras investigaciones judiciales.

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El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, conformado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Guillermo González, condenó a ocho de los nueve acusados el viernes 9 de mayo de 2014.

Seis de los imputados fueron condenados a prisión efectiva, dos a prisión en suspenso y uno fue absuelto.

Los exministros de Economía de la provincia, Horacio Sosa y Raúl Berrone, recibieron penas de tres años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “peculado en concurso ideal con falsificación de instrumento público”.

También condenaron a 5 años de cárcel al excontador General de la gobernación, Alfredo lglesias, y a 3 años y 6 meses de prisión a uno de los dueños de la empresa involucrada, Germán Gualdesi.

Además, la Justicia consideró culpables del mismo delito al exasesor del Ministerio de Economía Horacio Medone, quien recibió una pena de 3 años y 10 meses y a la ex empleada María Lorenza Morenos, quien fue condenada a 3 años y 4 meses de cárcel.

A su vez, el exempleado Isidro Ferreyra y otra de las dueñas de la firma Gualdesi, Elsa Bugnest, recibieron una condena de 3 años de prisión en suspenso.

Tanto Sosa, como Iglesias, Medone y Lorenzos ya estaban presos con anterioridad por otras condenas previas, mientras que Berrone y Gualdesi fueron detenidos de inmediato tras la lectura del veredicto de 2014.

No obstante, el Superior Tribunal entendió que, según las actuaciones incorporadas a la causa, “no se ha logrado probar con la certeza requerida la falta de prestación por parte de la firma Gualdesi del servicio cuyo pago se cuestiona”, según indica el fallo al que accedió Télam.

La jueza Battaini escribió en su voto que el tribunal del juicio efectuó “un análisis formal, pero netamente dogmático, de las actividades realizadas en función a los procedimientos fijados para la administración pública”.

Para el máximo organismo judicial de la provincia, los jueces anteriores omitieron considerar “el desorden administrativo reinante en la administración pública en los años en cuestión, la situación de emergencia alimentaria por la que atravesó la provincia y las prácticas irregulares que se instauraron”.

Por otra parte, Battaini acusó a sus pares del tribunal inferior de haber creado distintas categorías de testigos, “otorgando mayor valor probatorio a los testimonios incriminatorios, y menor -y sin fundamentación- a los desincriminatorios”. (Télam)