La Corte Suprema decidió hoy por unanimidad traspasar el control de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a la Secretaria General de Administración del alto tribunal, luego del allanamiento realizado ayer para investigar una presunta malversación de fondos en la entidad.

Con este procedimiento administrativo, la Corte le quitó el manejo de la obra social a su presidente, Aldo Tonón, en tanto instruyen la investigación la jueza María Eugenia Capuchetti con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo.

La denuncia fue presentada el 14 de septiembre por un empleado de la Obra Social del Poder Judicial que cumpliría funciones en el área informática.

El allanamiento de ayer a la sede, tuvo por objetivo "obtener toda aquella documentación que permita identificar todos los equipos de telefonía móvil que fueron adquiridos para el personal de la Obra Social", señalaron fuentes cercanas a la investigación.

La justicia también buscó "información de todas las licitaciones o actuaciones administrativas relacionadas a la adquisición de esos equipos, como así también de aquellas disposiciones, resoluciones o actos que hayan sido ordenados por la Obra Social en relación al uso o adquisición de dichos teléfonos".

Se trató de una orden para recabar información en el marco de un expediente que la jueza Capuchetti, interinamente a cargo del juzgado federal 6, delegó en el fiscal Carlos Rivolo, quien lleva adelante la investigación por supuesta malversación de fondos durante la gestión de Tonón.

Los cinco jueces de la Corte no mencionaron la investigación en curso por el presunto delito, pero demoraron menos de 24 horas en decidir que el presidente de la obra social debía ser apartado del cargo. (Télam)