La Corte Suprema de Justicia fijó hoy un plazo de 30 días para que el Gobierno Nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires arriben a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión de Mauricio Macri.

El máximo tribunal fijó nueva audiencia luego de que las partes, representadas por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron hoy una reunión convocada para acercar posiciones y arribar a un acuerdo.

En ese sentido, la Corte dispuso que las partes deben elevar informes semanales sobre la marcha de las conversaciones al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez.

El encuentro, que también incluyó a funcionarios técnicos, se celebró en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales y se extendió casi tres horas entre las exposiciones de las partes y las numerosas preguntas de los cuatro ministros de la Corte.

Como estaba previsto, el tribunal instó a los representantes de los ejecutivos Nacional y porteño a que continúen la vía del "diálogo" y, en este sentido, hubo un compromiso para que la mesa de conversaciones se reúna al menos una vez por semana.

Por su parte, la Nación insistió en que la transferencia de recursos para la policía que hizo en su momento Macri fue casi el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos, informaron fuentes judiciales.

Como estaba previsto, el tribunal instó a los representantes de los ejecutivos Nacional y porteño a que continúen la vía del "diálogo" y, en este sentido, hubo un compromiso para que la mesa de conversaciones se reúna al menos una vez por semana.

La Ciudad, que presentó un amparo contra el decreto presidencial de Alberto Fernández que recuperó esos fondos, insiste en que el recorte implicó una quita de 120 mil millones de pesos.

Fuentes del máximo tribunal destacaron a Télam la solidez de los planteos técnico-económicos de ambas partes y el buen clima que hubo durante todo el encuentro.

"Positivo, respetuoso, conciliatorio y constructivo" fueron los adjetivos que eligieron para definir esta nueva instancia de acercamiento.

No obstante, el proceso tiene fecha de caducidad: si para el 9 de abril Ciudad y Nación no llegan a un acuerdo, la Corte anticipó que deberá resolver el diferendo con los elementos que han ido aportando las partes, aunque sin plazo, como ocurre con todos los expedientes que llegan a la máxima instancia.

Tras la audiencia, De Pedro dijo que fue a "reafirmar la postura del Gobierno nacional respecto del tema en discusión. Hay una ley sancionada en el Congreso por una importante mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires".

"Durante tres horas tuvimos un muy buen espacio de diálogo y discusión que involucró cuestiones políticas, económicas, técnicas y jurídicas", dijo el ministro en declaraciones difundidas en un comunicado.

Añadió que el trasfondo del debate pasa por "cuestiones técnicas relacionadas con el valor de base que se toma para cuantificar el valor de la función de Seguridad que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires: es decir, cuánto es el monto a transferir, y cuál es el mecanismo más justo para garantizar la transferencia".

"Por supuesto, en el marco de esta controversia entran en discusión cuestiones como el federalismo y el sistema de coparticipación", añadió.

Además precisó que en los 30 días de diálogo abierto a instancias de la Corte se procurará "intentar llegar a un acuerdo".

El funcionario nacional fue a la reunión acompañado por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, y los funcionarios del Ministerio de Economía Sergio Acevedo y Ricardo Yamone.

El expresidente Macri elevó la coparticipación de la Ciudad de 1,4 a 3,75% en el marco del llamado "Consenso Fiscal" que convocó su gestión, pero en 2020 el presidente Fernández consideró inconstitucional el aumento y retrotrajo la participación porteña a su porcentaje original.

Contra esa medida, Rodríguez Larreta acudió a la Corte por ser de su competencia los conflictos entre provincias y el Gobierno central, y estableció para compensar la pérdida un gravamen de 1,2% sobre las transacciones con tarjetas de crédito.

En la audiencia, los representantes del Ejecutivo Nacional mostraron informes de los recursos trasferidos y los datos que a su criterio demuestran que el presupuesto que el expresidente Mauricio Macri otorgó durante su gobierno a la Ciudad fue más del doble de lo que correspondía.

(Télam)