Por Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos, presidente PJ porteño.


En el distrito más rico de la Argentina, la desigualdad y la cantidad de personas en situación de calle crecen de manera trágica e indignante. El caso M. visibilizó la realidad de las más de 7.000 personas que viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 872 son niños, niñas y adolescentes y 40 mujeres embarazadas.

Esta realidad, que duele e indigna, se vuelve más angustiante a la hora de ver los dispositivos socioasistenciales pensados desde el gobierno porteño, que no sólo son insuficientes sino que resultan inadecuados.

En el último censo popular, realizado en 2019 por organizaciones sociales especializadas, se relevaron 7.251 personas en situación de calle.

Sin duda el escenario se agravó debido a la pandemia y las consecuencias económicas del último ciclo neoliberal ejecutado por el macrismo, que no hizo otra cosa más que trasladar a la Nación su modelo excluyente que desarrolla en la Ciudad.

Basta con recorrer las calles para comprobar que el Estado porteño está ausente. Desde que Horacio Rodríguez Larreta asumió en 2015, ajustó sistemáticamente el presupuesto destinado a Desarrollo Humano y Hábitat, una política central para poder atender las complejas y urgentes necesidades de todas y todos.

Haciendo foco en los hogares y paradores, que alcanzan apenas para cubrir a menos de un tercio de las personas que viven en la calle (cuentan con 2.200 plazas), se revela la precariedad de las políticas desarrolladas para combatir esta problemática que cada día se agrava más y podría revertirse si el gobierno porteño pusiera los recursos donde hay que ponerlos.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 36 lugares que funcionan como hogares, paradores o centros para las personas en situación de calle, de los cuales menos de un tercio son gestionados por el gobierno porteño y el resto han sido tercerizados en instituciones religiosas, ONG´s y organizaciones asociadas.

Analizando los últimos presupuestos de la administración porteña podemos ver que desde el 2016, los fondos destinados al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat han caído 9 por ciento. Tomado como un dato aislado podría parecer poco significativo, pero esta caída representa el doble del presupuesto que tienen los programas destinados a atender las necesidades más urgentes de los niños y niñas en situación de calle: nueve de los programas más sensibles perdieron recursos frente a la inflación; 12 perdieron participación respecto al 2020 y casi ninguno aumentó la cantidad de beneficiarios, pese a la profundización evidente de la situación social en la Ciudad.

Si consideramos la inflación proyectada por el gobierno nacional, el gasto social de la Ciudad destinado a la promoción y acción social presupuestado sufrirá una caída real del 16 por ciento, ajuste que sería muy superior de corroborarse una inflación mayor.

En el mismo sentido, resulta alarmante la pérdida de participación en el último presupuesto del gasto destinado a acción social, que cayó un 38,7 por ciento en un año, pasando de representar el 12,3 al 7,5 por ciento. La caída de esta partida en el presupuesto porteño no es nueva: en 2020 se redujo un 13,5 por ciento en términos reales.

Mientras, las únicas partidas presupuestarias que se incrementan están destinadas a veredas, publicidad y gastos superfluos que no redundan en la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo, se quintuplicó la deuda durante los gobiernos del macrismo en la Ciudad y, en paralelo, el gasto en intereses y compromisos vinculados a la deuda. Las consecuencias son claras, en la ciudad más rica nos encontramos con la mayor desigualdad entre el norte y el sur del distrito, con los peores indicadores sociales de la Argentina.

A nivel comparativo con los barrios del norte, en las comunas del sur la esperanza de vida es entre 6 y 10 años menor; el desempleo se triplica y respecto a la vivienda se registra un nivel muy alto de hacinamiento en los hogares, entre el 10 y el 20 por ciento.

La vulnerabilidad de quienes no tienen un lugar para vivir dejó al descubierto la otra ciudad, la de los barrios del sur, donde el Estado está ausente y las respuestas sólo llegan por la solidaridad y la organización de los vecinos y vecinas. Es hora de que el Gobierno porteño de Larreta deje de mirar para otro lado. (Télam)