La Cámara Federal porteña desarchivó hoy –con un fallo adoptado por mayoría- la causa de la supuesta “Operación Puf” iniciada por una denuncia de la exdiputada Elisa Carrió que aseguraba que la causa por espionaje ilegal, que tiene como principal imputado al falso abogado Marcelo D´Alessio, era en realidad un armado kirchnerista para voltear la causa de los cuadernos.

La decisión de reflotar el expediente que había sido archivado el año pasado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por “inexistencia de delito” fue adoptada por el tribunal de apelaciones con los votos de los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, mientras que el camarista Eduardo Farah opinó que debía confirmarse el archivo del expediente.

La denuncia que dio origen a este expediente estaba basada en un supuesto sobre anónimo que dijo haber recibido Carrió en febrero de 2019 con transcripciones de escuchas telefónicas realizadas a exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza en las que -según la exlegisladora- se hacía referencia a un plan para entorpecer el accionar de la justicia en la llamada causa de los cuadernos.

El contenido de esas conversaciones, que no eran objeto de ningún expediente judicial, debió haber sido destruido, por lo que uno de los elementos que se tuvo en cuenta a la hora de decretarse el archivo del expediente es la dudosa legalidad de los elementos que dieron origen a la denuncia.

Sin embargo, al decidir la reapertura del expediente, el juez Bruglia sostuvo que “debe decirse que aún cuando en la denuncia inicial se hizo referencia a cuanto surgiría de escuchas telefónicas que fueron producto de intervenciones dispuestas en la causa FLP 41475/2016 -cuya legitimidad es actualmente objeto de investigación en el marco de otros expedientes- no menos cierto es que en el escrito promotor se aludió a otros elementos que daban autónomo respaldo a la investigación propiciada”.

“El objeto de esta investigación no encuentra en las citadas escuchas exclusivo anclaje, y sin perjuicio de cuanto resulte del devenir de aquellos expedientes en los cuales se ventila la regularidad de la orden y/o de su divulgación, su resultado no obtura el presente cauce investigativo”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Por su parte, el juez Llorens, que votó en la misma dirección, afirmó que las denunciantes –legisladoras que responden políticamente a Carrió- “ampliaron su presentación inicial, detallando una maniobra supuestamente perpetrada por (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, (el diputado nacional) Eduardo Valdés y Marcelo D’Alessio”, entre otros, “a efectos de obtener nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas”.

En el voto minoritario, el juez Farah remarcó que dos años después de radicada la denuncia “no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta” y resaltó que “la falta de esa base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad, como lo reclama la ley”.

Cuando el juez Martínez de Giorgi archivó el expediente remarcó que de las medidas de prueba realizadas en la causa que se conoció mediáticamente como 'Operación Puf' "no se desprende la existencia de un accionar que pudiera tildarse delictivo, ni que, como consecuencia de ello, correspondiera atribuirle responsabilidad penal a persona alguna".

Del aquel fallo firmado por Martínez de Giorgi se desprendía, además, que quedaba "descartado" que las conversaciones telefónicas presentadas por Carrió "tuvieran la intencionalidad que se les atribuyó primigeniamente al efectuarse la denuncia" y que "a la luz de lo realmente ocurrido, no han logrado consumar el objetivo supuestamente perseguido".

Los diálogos utilizados para la denuncia pertenecían a conversaciones captadas del teléfono público del Penal de Ezeiza en las que hablaban, por ejemplo, Valdés con el detenido exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi u otras que tenían como protagonista al exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, procesado en el caso de los cuadernos.

Para Martínez de Giorgi no hay elementos en el expediente que permitan sostener que las charlas invocadas estuvieran detrás del caso D´Alessio, en el cual el fiscal Carlos Stornelli se encuentra procesado por haber solicitado y utilizado información producida de forma supuestamente ilegal por una banda dedicada al espionaje ilegal que integraba el falso abogado.

El caso D´Alessio se inició con una denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien aseguró -y acompañó con material audiovisual- que el falso abogado le había reclamado dinero para evitarle quedar involucrado en la causa de los cuadernos y que para exhibir su nivel de influencia le había presentado a Stornelli, el fiscal de ese caso.

La denuncia de Carrió y sus pares Paula Oliveto y Mariana Zuvic fue la segunda sobre el mismo tema. La primera había sido presentada por Stornelli, también en base a un supuesto sobre anónimo, y ya había sido archivada por el juez Luis Rodríguez a instancias del fiscal fallecido Jorge Di Lello.

(Télam)