La APDH denuncio arbitrariedad y violacion a los derechos humanos en la justicia jujeña

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó hoy, en el Juzgado de Ejecución Penal de Jujuy a cargo del Dr. Emilio Cattan, un nuevo reclamo por la libertad condicional de quienes ya han cumplido dos tercios de la condena en el juicio llamado “Pibes Villeros”.
"La actitud dilatoria en resolver la libertad condicional de las detenidas responde a un paradigma violatorio de los derechos humanos", coincidieron en un comunicado la vicepresidenta de la APDH nacional, María Elena Naddeo, el presidente de la APDH Jujuy, Luis Urtubey, y el abogado Luis Paz.
El escrito, presentado en conjunto por la APDH en sus órbitas tanto nacional como así también regional de Jujuy, hace especial referencia a los casos de Graciela López, Adriana Condori y María Condori.
“Nuevamente es preciso activar los canales de denuncia locales e internacionales para denunciar la arbitrariedad existente en la provincia de Jujuy, donde predomina la indefensión y la imposibilidad de contar con un juicio justo y tribunales independientes”, agregaron.
El mencionado Juzgado de Ejecución Penal, a cargo del Dr. Emilio Cattan, ya ha recibido numerosas presentaciones, sin que haya existido una respuesta positiva.
En el juicio de los "Pibes Villeros" se investigó a 30 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.
María Graciela López fue condenada a siete años de prisión, más la pena de inhabilitación absoluta por idéntico término, por haberla encontrado “autora material y responsable del delito de asociación ilícita” en carácter de integrante, y de fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas en calidad de coautora.
Las cooperativistas María Condori y su hermana Adriana Condorí también recibieron prisión por siete años, más la inhabilitación absoluta por idéntico término, por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas. (Télam)