La controversia originada en San Luis a partir de un fallo de la justicia federal con competencia electoral de la provincia, que prohibió al Gobierno puntano otorgar beneficios económicos a trabajadores y desempleados hasta el 15 de noviembre próximo, después de las elecciones legislativas, sumó hoy el repudio de la APDH del distrito al fiscal de Estado local, Eduardo Allende, quien apeló esa anterior resolución judicial.

Para la APDH, Allende "no expuso sobre la sentencia dictada, ni contra el juez federal que dictó la medida", sino que realizó un "escrache público" al fiscal federal, Christian Rachid, sobre quien "no ahorró epítetos injuriantes, difamatorios y violentos sobre su persona".

El viernes pasado, el juez federal con competencia electoral de San Luis, Juan Esteban Maqueda, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por Juntos por el Cambio (JxC), que tiene como referente en la provincia al senador nacional Claudio Poggi, que objetó la "utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales".

A partir de esa situación, Allende, fiscal de Estado de San Luis, presentó dos pedidos: uno en el que plantea la nulidad de lo actuado y la recusación del fiscal Rachid, por considerar que no tiene legalidad para actuar como tal y por mantener supuestos vínculos con el Frente “Unidos por San Luis” (ex Cambiemos), y otro en el que solicita al juez que revea su decisión por entender que "avanza sobre dos poderes del Estado", como el Ejecutivo y el Legislativo.

Hoy, la APDH salió a respaldar a Rachid, aseguró que "actuó en el marco de sus funciones" y consideró que la recusación pedida por Allende responde a asuntos ajenos a la cuestión en debate.

"El Fiscal Federal Rachid actuó en los juicios llevados a cabo en nuestra provincia contra genocidas que fueron condenados a diferentes penas de prisión y que hoy gozan de prisiones domiciliarias; en el año 2017 condenó al padre del actual Fiscal de Estado, que fuera Juez Federal de la provincia en los años de la dictadura militar a la pena de 13 de prisión", advirtió la APDH.

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Asimismo, sobre la discutida sentencia del Juzgado Federal de la provincia, la APDH afirmó: "los ciudadanos de San Luis conocemos las prácticas anti democráticas de la compra de votos, ayer con chapas, ladrillos y zapatillas, y hoy por medio de dinero, subsidios, préstamos y otras denominaciones, al que llaman engañosamente plan de reactivación económica y social, implementado después de haber perdido las elecciones primarias", del 12 de septiembre último. (Télam)