La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsó una investigación por persecución, secuestros y torturas a integrantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) durante la última dictadura cívico miliar, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de 30 víctimas, entre docentes de la casa de estudios y estudiantes que fueron secuestrados durante operativos llevados a cabo entre junio y noviembre de 1976.

“Las víctimas fueron secuestradas por personal de la Policía Federal Argentina, transitaron un primer período de cautiverio y violentos interrogatorios en la delegación de esa fuerza de la ciudad de Bahía Blanca, para ser luego trasladadas a la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta", señaló la presentación a cargo del fiscal Miguel Angel Palazzani.

Según indicó el sitio Fiscales.gob.ar "en algunos de los casos, el prolongado cautiverio continuó en otras unidades carcelarias del país”.

A su vez el Ministerio Público puso énfasis "en los padecimientos relatados por las víctimas, que incluyeron lo que describieron como muerte civil, caracterizada por el exilio para los que se fueron del país y el 'insilio' para quienes se quedaron luego de haber recuperado la libertad".

La Fiscalía imputó por dichos casos al exdueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, el exsecretario del Juzgado Federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; los militares Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel.

También Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Antonio Miguel Seghighi, Roberto Carlos Brunello, Raúl Esteban Andrés y Alejandro Lawless; y el exdirector penitenciario Héctor Luis Selaya.

Según se indicó a los nombrados el fiscal pidió que "se los cite a prestar declaración indagatoria".

"La Universidad del Sur era un espacio de resistencia cultural al discurso cómplice de La Nueva Provincia. Por eso profesores y estudiantes se convirtieron en blancos ejemplificadores a atacar. Mostramos que el ataque fue coordinado desde tres sectores: el comunicacional, el judicial y el represivo de las fuerzas de seguridad", señaló Palazzani en el escrito.

En la presentación según se informó se destaca que la UNS "fue un objetivo, específicamente los Departamentos Humanidades y Economía, a través de un plan de persecución que tuvo comienzo con anterioridad al golpe de Estado de 1976, con la gestión del rector interventor Remus Tetu".

En ese contexto citó "la introducción en el ámbito de un grupo paraestatal, el cesanteo masivo de personal docente y no docente, y el asesinato de estudiantes incluso en las instalaciones universitarias, como fue el caso de David Hover Cilleruelo".

"Tras el golpe de Estado, el plan fue intensificado a través de un despliegue conjunto y coordinado de la justicia federal, el diario La Nueva Provincia y las fuerzas represivas", señaló el escrito.

También que se señaló a las víctimas "como enemigos calificados como subversivos ideológicos, a quienes debía aniquilarse como parte de la guerra cultural que se pregonaba desde las páginas del medio periodístico, en el marco de la fase de acción psicológica de la empresa criminal". (Télam)