El abogado y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, aseguró hoy a través de un mensaje en video grabado en Lima, Perú, adonde fue obligado a viajar luego de que el Estado colombiano rechazara su ingreso a ese país, que rechaza "categóricamente la versión falsa" que atribuyó al gobierno de Iván Duque para justificar su expulsión.

Grabois abordará esta noche, ya en la madrugada del jueves, el vuelo desde la capital peruana a Ezeiza, después de que se frustrara su participación en la Misión Internacional en Solidaridad y Observación de los Derechos Humanos que se realizará en distintos lugares de Colombia hasta el miércoles 2 de junio inclusive.

En el video difundido por las redes sociales, Grabois, también director del Dicasterio para el Servicio y Desarrollo Humano del Vaticano, solicitó "a las autoridades argentinas y colombianas que velen por la integridad física" de la delegación que viajó desde Buenos Aires, que ahora conforman 19 miembros, y contó que la comitiva comenzará mañana "trabajo en territorio, con los riesgos que eso implica".

En paralelo, desde el entorno de Grabois difundieron un comunicado en el que rechazaron algunos de los planteos del Estado colombiano para negarle el ingreso.

En primer lugar, subrayaron que el DNI del dirigente social está vigente y que, desde el plano de la documentación, eso hubiera bastado para facilitarle el ingreso.

Al tratarse Colombia de un Estado asociado al Mercosur, los acuerdos del bloque disponen que un ciudadano argentino con un DNI en regla puede ingresar sin necesidad de exhibir pasaporte, como se encargó de confirmar hoy mismo la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde además precisaron que "en el caso particular del señor Juan Grabois, consta que salió del país con su DNI vigente".

"La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, informa que conforme a los acuerdos del Mercosur sobre documentos de viaje y de retorno, los ciudadanos argentinos pueden viajar con DNI o pasaporte a los Estados parte del Mercosur y Estados asociados", comunicó esta tarde el organismo.

El DNI que portaba Grabois al momento de intentar el ingreso a territorio colombiano, en los controles del aeropuerto de Bogotá, es un documento tipo tarjeta emitido el 4 de junio de 2019 y con vencimiento el 4 de junio de 2034, según pudo cotejar Télam a partir de la documentación personal que exhibieron sus colaboradores.

El otro punto que desmintieron los allegados de Grabois fueron sus supuestas "agresiones o faltas de respeto" hacia los empleados del área de Migraciones de Colombia, sobre lo cual afirmaron disponer de "numerosas pruebas y testigos de que nada de eso sucedió" y, por el contrario, plantearon que fue el abogado y allegado del Papa Francisco quien fue maltratado, incluso con "agresiones físicas".

En otro tramo del video, Grabois definió a Colombia como "un país donde la juventud, los ciudadanos de a pie, los más pobres, sufren atropellos infinitamente peores, violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, todo tipo de crímenes de Estado", hechos a los que la delegación argentina, dijo, pretende "verificar y dar visibilidad".

En paralelo, desde Bogotá, el resto de la comitiva cuestionó "la inadmisión" de Grabois por parte del gobierno de Colombia "sin motivo alguno ni argumentación" a través de un comunicado rubricado con el membrete de la Misión Internacional en Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, como se bautizó la expedición.

Pese a la expulsión de Grabois, el grupo de observadores reafirmó que "continuará con su recorrido" para "relevar situaciones de violación a los Derechos Humanos".

"Apelamos a la más extensa solidaridad y apoyo, para que esta misión pueda

llevar adelante sus objetivos y tomar registro, acreditar, relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio", manifestó la comitiva, que irá difundiendo su actividad a través de Facebook, Twitter e Instagram como Misión Internacional Colombia.

En esa misma nota, la delegación argentina solicitó al gobierno de Duque "que evite cualquier entorpecimiento en el desarrollo" de la observación y verificación "y se respeten los derechos de todos/as sus miembros". (Télam)