Funcionarios y especialistas continuaron hoy con el debate del proyecto integral contra la violencia institucional, que busca "prevenir y erradicar" estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

El proyecto fue debatido en el marco de una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos, que preside Hugo Yasky y de Seguridad Interior, a cargo de Paula Penacca, ambos del Frente de Todos.

Del encuentro que se realizó sin la presencia de los diputados de Juntos por el Cambio que integran esas comisiones, participaron la secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Gabriela Torres; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner y la interventora del Inadi, Victoria Donda.

También, asistieron el comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Gustavo Palmieri y su colega de ese mismo organismo, Rocío Alconada Alfonsín, y la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.

Al abrir las exposiciones, Lerner consideró que se debería "pensar en alguna forma de protección integral "de los chicos y chicas porque "preocupa que se alienten las denuncias pero que luego no haya mecanismos de protección" y, en ese contexto, propuso "crear un capítulo especial en la ley dedicado a los niños".

Palmieri, del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, diferenció entre la violencia institucional y la tortura y afirmó que “en Argentina -la violencia institucional- tiene una capacidad de articulación de denuncias y de respuesta muy importante” y destacó la importancia de crear un registro para ese tipo de situaciones.

Alconada Alfonsín, también comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, planteó la necesidad de articular la recepción de denuncias de violencia institucional y tortura, al sostener que "la idea no es que esto sea un obstáculo en lugar de ayuda”.

En tanto, y para justificar la ausencia de los diputados de JXC, Sebastián Salvador (UCR) dijo que "la no participación no tiene que ver con el proyecto, que sí" les "interesa” sino por "cuestiones ajenas que tienen que ver con el funcionamiento" de la comisión.

"A veces no tenemos participación y no tenemos posibilidad de proponer invitados”, cuestionó.

Por su parte, Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, admitió a propósito de la violencia institucional que “poder recibir denuncias sobre estos temas, sobre estas prácticas lleva a diseñar un mapa que permitirá trabajar sobre esas cuestiones y corregirlas”.

A su turno, Donda (INADI) dijo que la ley es “totalmente necesaria” y precisó que en ese organismo advirtieron que la mayor causa de violencia en el país es “la pobreza asociada al racismo”, a la vez que planteó que la iniciativa establezca que los miembros de las fuerzas de seguridad se puedan capacitar en cuestiones de género y racismo.

Desde el Sedronar, Gabriela Torres, consideró que para evitar estas situaciones “no sólo es capacitación, sino que existan los recursos concretísimos de a dónde mando a un pibe que consume”, por ejemplo.

Al promediar el debate, Pennaca informó que se continuarán con las reuniones de ambas comisiones y que se seguirá analizando el proyecto, tomando en cuenta los aportes de los invitados.

Yasky cerró el encuentro y sostuvo que “las leyes que protegen a los débiles son las leyes que se imponen como más necesarias, pero son también las que más cuestan después lograr que se cumplan efectivamente, que se territorialicen”.

En las reuniones anteriores por este proyecto expusieron familiares de víctimas de hechos de violencia institucional, funcionarios y expertos en el tema.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre pasado por Penacca, Yasky y el diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz".

El proyecto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de derechos humanos para las fuerzas de seguridad, a la vez que establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

(Télam)