El fiscal Diego Funes, que investiga a varias organizaciones sociales de Jujuy por el presunto delito de extorsión, afirmó hoy que "se va corroborando la existencia de un modus operandi" en perjuicio de beneficiarios de planes sociales en la provincia, y refirió que, en base a los elementos secuestrados y analizados, "desde hace varios años llevan un control de las personas que asisten a las marchas", que a su vez "deben realizar aportes periódicos".

Antes estas declaraciones, referentes de organizaciones sociales coincidieron en advertir "irregularidades" sobre las actuaciones, mientras aseguraron que "acá hay una cuestión política antes que judicial" y anunciaron un marcha para el 10 de agosto próximo, con presencia de referentes nacionales de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para "dar a conocer la situación de autoritarismo y arbitrariedad que vive la provincia".

En una rueda de prensa, el fiscal especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, denunció que "hay personas que habrían llevado adelante esta extorsión, pero de parte de la Fiscalía todavía no se ha promovido acción penal concreta contra ninguna de ellas, por lo que no hay demorados ni imputados".

La investigación es contra distintas organizaciones sociales y sus dirigentes de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua, cuyas sedes y domicilios, 16 en total, donde funcionan algunos merenderos, fueron allanados de forma simultánea el 6 de julio pasado por efectivos de la Policía de la provincia.

La medida fue ordenada por el juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Funes, que inició actuaciones de oficio a partir de denuncias de particulares en torno a presuntos delitos relacionados con los planes sociales.

"En la fecha estaríamos en un 95% de avance respecto a la extracción de información de los equipos informáticos y teléfonos celulares y en un porcentaje similar respecto al análisis de la documentación secuestrada", detalló el fiscal.

Tras avanzar en el análisis de los elementos secuestrados, dijo que "se está corroborando la existencia de cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas y cierto control de las personas que asisten con un control exhaustivo con planillas de asistencia".

Además, se refirió a "un aporte que se realiza periódicamente por parte de estas personas a las organizaciones de forma obligatoria", en tanto falta establecer "si hay una afectación a la libertad en cada una de estas acciones, es decir que no prestan su voluntad o consentimiento para acudir a estas marchas o para realizar estos actos".

La investigación judicial también va ahondar en el análisis de lo ya secuestrado, dijo, pero también "ver si existen movimientos de dinero considerables que también refuercen la hipótesis delictiva en la que estamos trabajando".

En contra del accionar judicial, las organizaciones sociales jujeñas, con el apoyo de dirigentes nacionales, realizaron varias manifestaciones por las calles para repudiar las medidas a la consideraron una "persecución política" y apuntaron contra el gobierno provincial de Gerardo Morales.

Sebastián Fernández, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), sostuvo que "acá hay una decisión política antes que la judicial" y cuestionó el curso de la investigación por sus "irregularidades" como "dar inicio a los peritajes de los elementos antes que cayera el perito de parte", y que "los aparatos informáticos estuvieron sin las protecciones necesarias" el día de los allanamientos.

"Él (por el fiscal Funes) no puede corroborar que no se haya implantado nada dentro de las computadoras o los pen drives sino que además él se manifiesta completamente asombrado cuando lo que busca es investigar la vida completa nosotros y no como debe ser, un pedido específico sobre un punto específico", manifestó a Télam.

Además sostuvo que el fiscal "se está adelantando cuando dice que en uno de los cuadernos se habla de un atentado, lo que demuestra también que van a la pesca de cualquier cosa, algo que también es ilegal".

"Entendemos que más que encontrar pruebas han encontrado los pretextos necesarios para una prisión preventiva", aseguró Fernández y añadió que el perito de parte que terminó hace poco su labor "todavía tiene que presentar el informe y va a marcar todas las irregularidades encontradas para pedir la nulidad de lo actuado".

El domicilio de Fernández fue uno de los allanados y también la sede del FOL en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y en ambos lugares secuestraron computadoras, celulares y pen drives.

Por su parte, Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero y Polo Obrero de Jujuy, dijo que "las palabras de Funes continúan mostrando el verdadero objetivo que tiene esta persecución por parte del Ministerio Público de la Acusación que responde directamente a Gerardo Morales" y "que es desarticular a las organizaciones y criminalizarlas para tratar de incluso prohibir el derecho a la organización, con el intento de caratular una causa como asociación ilícita".

"Lo que busca es casi que ilegalizar", señaló Copello.

Asimismo, expresó que el fiscal "afirma que hay pruebas, habla de supuestas organizaciones de atentados sin mostrar nada, lo único que busca es darle continuidad a un relato que está muy desgastado en Jujuy y que tiene que ver con la estigmatización de quienes salen a luchar cuando crece la pobreza y la miseria". (Télam)