Unas 450 cooperativas de trabajo que estuvieron alineadas a la organización Tupac Amaru, que comandaba la ahora detenida dirigente Milagro Sala, prestan servicios al gobierno de Jujuy, que desde el 2016 encaró un proceso para regularizar la situación de muchas de ellas, hoy bancarizadas, lo que las aleja de prácticas clientelistas.

Al igual que en sus comienzos, la mayoría se concentra en la capital, San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro, los municipios donde las cooperativas enroladas en la agrupación que dirigía Sala "hicieron pie", señalaron fuentes del gobierno provincial.

"El primer paso y muy importante que hemos logrado dar es el programa de regularización y bancarización en cuanto al manejo de fondos, y para recuperar la parte operativa de gran parte de ellas", señaló a Télam el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda.

Las irregularidades detectadas durante ese proceso de transparencia, el cual continúa, "fueron muchas", dijeron las fuentes; sin embargo, se ha colaborado para que pudieran seguir funcionando, pero bajo la premisa de estar "en regla con la ley".

"Habían más de 2.000 cuando entró en funciones el actual gobierno, en 2015, entre ellas, cooperativas fantasmas, y otras, en condiciones irregulares, decían ser cooperativas, pero no tenían ninguna documentación que las acreditara como tal", explicó Walter Peralta, uno de los responsables de la Unidad de Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (Uceppi).

Cada cooperativa está conformada por diez socios, pero hay algunas que trabajaron en la gestión anterior con planes o proyectos nacionales que cuentan con mayor personal y que "nunca dejaron de funcionar", explicó.

"En total son más de 4.000 personas o cooperativistas que prestan servicios al Estado en la actualidad. Más de un 90 por ciento de las cooperativas que están registradas pertenecían a la Red de Organizaciones Sociales" que lideraba Milagro Sala", aseguró Peralta.

"Antes no les daban trabajo si no eran de la Tupac", añadió.

Se destina mano de obra de acuerdo con las necesidades; generalmente, trabajan para Vialidad provincial en el desmalezamientos en las rutas, en la Ciudad Cultural con la limpieza, en Recursos Hídricos armando defensas de piedra embolsada, y en el acondicionamiento de las escuelas y destacamentos policiales.

"Hacen básicamente tareas de reparación, cosas sencillas", detalló el funcionario.

El plan de contingencia que el gobierno jujeño lanzó el año el año pasado también ayudó a que muchas pudieran reactivarse, a la vez de generar más empleo. A cada cooperativista se le abona 6 mil pesos por trabajar 20 horas semanales.

Por otro lado, el gobernador Gerardo Morales decidió el año pasado intervenir la personería jurídica de la Tupac Amaru (suspendida desde 2016 tras una presentación judicial), con lo cual la organización que tiene a gran parte de sus referentes envueltos en causas judiciales por defraudación al Estado y otros delitos, acentuó aún más su caída.

"Se dispuso una intervención para administrar los bienes y para tener participación en los distintos procesos judiciales de la Tupac", explicó el fiscal Miranda, y aclaró que buscan "reorganizar la administración" de esa entidad que había adquirido bienes con fondos públicos.

"Hoy en día hay una innumerable cantidad de juicios en contra de la asociación civil, ya sea juicios laborales o de otros tipos de deudas", afirmó.

Según trascendió, la demanda es millonaria, lo que dio origen a varios expedientes, entre ellos, muchos por deudas con varias empresas de servicio.

En cuanto a los centros culturales de la Tupac Amaru, éstos se rigen bajo una administración "en acuerdo con aquellos que venían utilizándola, que eran integrantes de la organización, cooperativistas o asociados".

Mientras que en la parte educativa "se la estatizó", y hoy los docentes que dictan clases son empleados del Ministerio de Educación de la provincia.

Milagro Sala ya fue condenada a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita, y por fraude y extorsión, en el juicio denominado "Pibes Villeros", que investigó el desvío de fondos públicos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 3, del 14 de nero pasado, que además condenó a otros 15 imputados con penas de entre 2 a 8 años de prisión.

(Télam)