Espionaje: exdirector de juridicos de la AFI se niega a declarar hasta que causa pase a Comodoro Py

El exdirector del área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, se negó a declarar hoy en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y reclamó que se suspenda el trámite del expediente hasta que se defina si corresponde que quede radicada en Lomas de Zamora o si pasa a los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.
El exagente de la AFI se presentó hoy a su indagatoria a través de la plataforma virtual Zoom, ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y se negó a declarar, pero presentó un escrito de 5 páginas al que Télam tuvo acceso.
En la primera parte de su presentación, el exfuncionario reclamó "suspender el trámite de las presentes actuaciones" hasta que la Cámara Federal de Casación haya definido a cuestión de competencia y decida si el expediente sigue donde está o se muda a los tribunales del barrio porteño de Retiro, tal como pretenden los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
De Stéfano afirmó que se está avasallando su derecho a la defensa, que se está violando la garantía del juez natural y finalmente se limitó a negar "enfática y categóricamente" los delitos que se le imputan y advirtió que se reservaba el derecho de ampliar sus manifestaciones cuando se encontrara ante el juez competente.
El exjefe de Asuntos Jurídicos de la central de espías está acusado de haber integrado la estructura a través de la cual se realizaron maniobras de espionaje ilegal sobre empresarios, sindicalistas y exfuncionarios kirchneristas que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza.
En ese sentido, los investigadores habían señalado que el área que encabezaba el imputado había crecido en forma desproporcionada durante la gestión de Cambiemos y que había incorporado funciones que le eran ajenas como las de transcripción y desgrabación de escuchas judiciales.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI está sospechada además de haber tenido participación activa en la elaboración de los documentos con los que se le intentó dar apariencia legal a todos los hechos que ahora son investigados como supuesto espionaje político.
"Niego enfática y categóricamente haber tenido participación alguna en la supuesta organización criminal que se investiga en el legajo número 9 de esta investigación realizando supuestas acciones de inteligencia prohibida sobre personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, así como sobre sus acciones privadas y/o actividades en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020", sostuvo De Stéfano en su escrito.
"No conozco a ninguna persona vinculada con el Servicio Penitenciario federal. Concretamente no conozco a (su ex titular) Emiliano Blanco, Cristian Soriano, Juan Carlos Silveira, Miguel Angel Perrotta y Fernando Carra", remarcó.
"No concurrí a ninguna reunión con funcionarios del servicio penitenciario a nivel federal ni a nivel provincial ni suscribí un convenio de colaboración con ellos", agregó el imputado a la vez que sostuvo que no integró ninguno de los grupos de Whatsapp a través de los cuales circulaba información sobre el supuesto espionaje, según surge de la investigación.
Sobre el hecho que motivó la intervención del teléfono público del penal de Ezezia, con la excusa de escuchar las conversaciones del narcotraficante Mario Segovia –quien había sido trasladado a un pabellón en el que había exfuncionarios- el exdirector de jurídicos de la AFI dijo que lo desconocía.
De esa intervención salieron luego las escuchas y transcripciones a diálogos de exfuncionarios detenidos que luego proliferaron por medios de comunicación a pesar de que debieron ser destruidas porque no tenían ningún interés para un expediente en el que supuestamente se investigaba a Segovia.
"Lo desconozco por completo, pero entiendo estaba en conocimiento del juez que ha ordenado las intervenciones telefónicas, si las conversaciones transcriptas eran para planificar actividades lícitas o ilícitas", sostuvo De Stéfano. (Télam)