Sanciones "reales y ejemplificadoras, protocolos y leyes con dientes" son instrumentos necesarios para erradicar la violencia de género ejercida sobre mujeres que ocupan lugares de poder, además de una "resistencia interpartidaria" del colectivo y una "clara decisión política" que involucre a todos los actores del Estado.

Ni las normas vigentes ni los mensajes de repudio de ocasión alcanzan para poner freno a las agresiones que padecen las mujeres que desempeñan cargos públicos o que tienen alta visibilidad en medios de comunicación.

"Hacen falta protocolos o leyes con dientes, que contemplen sanciones reales y ejemplificadoras", resumió Sofía Santamarina, quien, al igual que Dolores Gandulfo, Laura Albaine y Patricia Gómez -todas integrantes de la Red de Politólogas #Nosinmujeres- analizaron esta problemática en diálogo con Télam.

Pero también, entre muchos otros cambios socioculturales, se necesita una "decisión política clara" y una "resistencia interpartidaria de mujeres" para que sean "realmente condenadas" las agresiones, coincidieron las especialistas.

Si bien desde el 2019 se incorporó la modalidad de `violencia pública-política` a la ley 26.485 -que contempla integralmente la violencia machista hacia mujeres y disidencias-, Santamarina remarcó que se necesitan normas "con dientes" y que se establezcan "sanciones ejemplificadoras".

"Falta voluntad política y es clave construirla porque ya existe un andamiaje legal internacional en el que se reconoce que la violencia de género anula los derechos políticos de las mujeres", expresó Albaine.

Como ejemplos notorios de haber sufrido "violencia machista" aparecen la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las legisladoras Myriam Bergman, María Eugenia Vidal y Ofelia Fernández, además de periodistas mujeres con alta exposición en los medios de comunicación.

Publicaciones en revistas que "hipersexualizaban" a Fernández de Kirchner o le adjudicaban a Vidal mejores condiciones políticas por la llegada del "amor" a su vida fueron consideradas actos de "violencia simbólica y política".

Los ataques en las redes sociales, que merecen un capítulo aparte por el efecto multiplicador y anónimo de esos contenidos, también gravitan en que se mantenga una "desigualdad estructural" en cuanto al número de mujeres -comparado con el de los hombres- que se animan a la arena pública.

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, por ejemplo, optó por cerrar su cuenta personal en la red social Twitter y, aún así, recibió de parte de su par de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán calificaciones que fueron consideradas "discriminatorias" y repudiadas por su compañeros del Parlamento.

Antes, en diciembre pasado, también había sido víctima de acoso (algo que denunció públicamente) cuando fue perseguida con insultos a la salida de la Legislatura: "Un grupo de libertarios me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando", relató.

"Cuando estás en un lugar en el que se te hostiga tenés dos caminos: el enfrentamiento a ese hostigamiento o salirte de ese lugar y, frente a la violencia, la mayoría de las mujeres tiene una actitud refractaria y tiende a retirarse", apuntó Patricia Gómez.

En este contexto, Albaine lamentó que, aunque "hay avances desde el plano formal, la materialización de esos avances no es efectiva" porque "los hombres no acompañan la elaboración de normas que sancionen esas prácticas que ellos suelen ejercer".

Repudios como los que recibieron los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wollf por las declaraciones "cargadas de odio y misoginia" contra la actriz y conductora Florencia Peña, el año pasado, quedaron circunscriptos a un "clamor generalizado", sin una sanción real, apuntaron las especialistas.

La decisión del juez salteño Carmelo Paz, quien le prohibió al diputado Javier Milei volver a dar charlas o conferencias en la localidad de Metán, luego de conocerse que había ejercido "violencia" contra una periodista aparecen como acciones reparadoras aisladas.

"Los Estados tienen la obligación de abordar institucionalmente la problemática y establecer un marco legal de acción más allá de las leyes vigentes", subrayó Albaine.

Por qué no, entonces, sancionar una ley que inhabilite para cargos públicos a los hombres o mujeres que hayan ejercido este tipo de violencias, no sólo hacia las mujeres y disidencias, sino también hacia otros colectivos o minorías, coincidieron las especialistas.

Por qué no, también, establecer protocolos de sanción para que en los ámbitos político partidarios o en ámbitos de militancias, las mujeres violentadas sepan adónde recurrir. (Télam)