En CABA el mercado inmobiliario propone y el Estado acepta, dijo el legislador Andrade

(Por Lisa Cargnelutti) El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade dijo que en la ciudad de Buenos Aires "el mercado inmobiliario propone y el Estado acepta", al cuestionar 16 convenios urbanísticos que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta firmó con empresas privadas para modificar normas de edificación y autorizar la construcción de torres de hasta 85 metros de altura.
"Se invierte la carga: los privados planifican la ciudad mientras el Estado local avala estas situaciones sin ningún diagnóstico sobre qué bien común de la ciudadanía se pone en valor", dijo el diputado en una reunión de comisiones legislativas, donde el oficialismo porteño logró dar dictamen de mayoría a los convenios urbanísticos, que podrían ser votados en la próxima sesión ordinaria.
Mediante dos proyectos de ley, Rodríguez Larreta envió esos convenios a la Legislatura el lunes pasado, un día después de las elecciones PASO, cuyos resultados favorecieron a la fuerza política que gobierna la ciudad de Buenos Aires.
Dos días después, el bloque oficialista en la Legislatura (Vamos Juntos) convocó a una reunión de comisiones donde funcionarios del área de Planeamiento Urbano del Poder Ejecutivo local informaron sobre las características de los acuerdos y las construcciones proyectadas.
"La reunión para dictaminar fue convocada hace dos días. Los estudios sobre estos convenios, que son 1.500 páginas que están disponibles solo en papel y no en versión digital, ingresaron el lunes", dijo Andrade, al cuestionar la "celeridad" que desde Vamos Juntos dieron al debate.
"Es una falta de respeto para el conjunto de la ciudadanía y de los habitantes de los barrios donde serán llevados adelante", agregó.
La política de Rodríguez Larreta en cuanto a planificación urbana viene siendo cuestionada desde al menos mediados del año pasado por el FdT, pero también por organizaciones ambientales, políticas y sociales que advirtieron sobre la falta de espacios públicos y verdes y la crisis habitacional que atraviesa la Capital Federal.
Entre los proyectos que impulsa el Ejecutivo local, fueron cuestionados el conjunto de edificios de hasta 10 pisos en Costa Salguero, frente al Río de la Plata y en las inmediaciones del aeroparque metropolitano, y el barrio "Costa Urbana" en la ex Ciudad Deportiva, lindera a la Reserva Ecológica Costanera Sur.
A pesar de las críticas y tras el triunfo en las PASO, el Gobierno porteño decidió continuar promoviendo estos emprendimientos inmobiliarios.
"En esta compulsiva promoción que hizo el Ejecutivo local para que el mercado proponga, hay 100 convenios más en carpeta", advirtió Andrade.
En enero de este año, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo una convocatoria a empresas privadas para que propusieran convenios urbanísticos y, de ese llamado surgieron 15 de los 16 convenios que se debatieron esta semana en la Legislatura.
Tal como informó el miércoles último el funcionario Alejo Ciliberto, en total los 15 acuerdos habilitarán "casi 200.000 metros cuadrados construibles, crearán cerca de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y generarán contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares a aplicar en obras públicas".
Al respecto, Andrade afirmó: "No tenemos un diagnóstico sobre cuánto dinero va a obtener el privado mediante estos cambios de normas urbanísticas que los favorecen y si estos montos tienen relación con la contraprestación monetaria que ellos dan al Estado".
Las parcelas donde se levantarán las nuevas torres están ubicadas en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas.
El convenio restante fue firmado por fuera de la convocatoria con la empresa que posee un terreno lindero a la iglesia y monasterio de Santa Catalina, una de las construcciones más antiguas de la ciudad, ya que data de la época colonial y está ubicada en la esquina de Córdoba y San Martín, en el centro de la ciudad.
Los proyectos de ley recibieron dictamen de mayoría, con las firmas de solo algunos de los diputados del bloque Vamos Juntos, ya que quienes pertenecen a la Coalición Cívica pidieron al Ejecutivo que envíe la documentación completa de los convenios y más tiempo para analizarlos.
De todas formas, los textos están en condiciones de ser votados en la próxima sesión de la Legislatura, prevista para el jueves 30 de septiembre. (Télam)