El Tribunal Oral Federal Número 5 de la Capital Federal volvió a postergar el inicio del juicio de lesa humanidad de la causa "Chavanne-Industrias Grassi" que debía comenzar mañana por un pedido de la defensa de Juan Alfredo Etchebarne, uno de los acusados, que alega razones de salud para afrontar el debate sobre este caso de apropiación de empresas cometido durante la última dictadura militar.

Ante esta resolución, el fiscal federal Alejandro Alagia adelantó a Télam que pedirá la detención de Etchebarne, extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) e imputado por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

Además de Etchebarne, que tiene más de 80 años y se encuentra excarcelado, está acusado también Raúl Antonio Guglielminetti, agente de Inteligencia del Ejército, que ya recibió condenas en varias causas.

"Sabemos que está en un tratamiento, pero consideramos que eso no le impide afrontar este juicio. Vamos a pedir la detención que seguramente será domiciliaria por la edad del imputado", indicó Alagia en diálogo con Télam.

El juicio estaba previsto para marzo, pero debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus, determinaron que el inicio del proceso oral y público se postergara.

Tras nueve meses de espera, y varios pedidos de la fiscalía a cargo de la causa, el TOF 5 había fijado que el juicio comenzara mañana, pero resolvió una nueva postergación.

En el expediente se analizan los hechos delictivos cometidos por agentes económicos y políticos de la dictadura que intervinieron en la venta del Banco de Hurlingham, propiedad del empresario David Graiver, contra el grupo conformado por las empresas Chavanne y las industrias siderúrgicas Grassi, en 1978.

Un mes después de haberse conformado la sociedad para la adquisición de este banco, la CNV adujo haber recibido una denuncia anónima en relación al origen de los fondos con los cuales se costearía la operación.

Etchebarne, como director de la CNV -un organismo encargado de supervisar a nombre del Estado las operaciones de venta y adquisiciones en el mercado de valores y finanzas- dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central.

El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de "subversión económica" desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.

Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne.

Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien determinó en 2013 los procesamientos de Etchebarne, Guglielminetti, además del coronel (RE) Francisco Obdulio D'Alessandri y el ex comandante de Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei, quienes murieron antes de que la causa se elevara a juicio oral.

Las víctimas estuvieron un mes cautivas en calabozos de Campo de Mayo hasta que fueron "blanqueadas" e incluso algunas permanecieron en prisión hasta 1980, mientras eran despojadas de sus bienes y empresas.

"Esta es una causa en la que se comprueba la existencia de un mecanismo de apropiación de empresas que buscaba concentrar la economía con el despojo del capital. Fue un ataque de la dictadura contra la burguesía nacional", sostuvo Alagia. (Télam)