La justicia porteña admitió parcialmente a una medida cautelar presentada por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y dispuso limitar la facultad del gobierno de la Ciudad para convocar al retorno a sus tareas a los trabajadores de la salud que fueron vacunados con una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La medida, adoptada por el titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 23, Francisco Ferrer, dispone que la convocatoria general efectuada a los trabajadores de su dependencia por parte del Ministerio de Salud local, para volver a los centros de salud "no es válida".

El magistrado resolvió ayer que el llamado de las autoridades al personal de salud debe efectuarse de manera individual, evaluando en cada caso la situación de cada persona convocada.

De acuerdo con la decisión, conocida hoy, el gobierno porteño deberá ajustar su actuación según lo dispuesto por el artículo segundo del decreto 120/2021, y convocar mediante "un acto administrativo individual adecuadamente motivado, con especial referencia a los parámetros que emergen de los criterios científicos actualmente disponibles", según se establece en el fallo.

El decreto 120/2021, del 12 de abril pasado, estableció que deben presentarse a tomar servicios de manera presencial, las personas mayores de 60 años, y/o comprendidas en los grupos de riesgo que hayan recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el Covid-19 permitidas en Argentina,

Esa norma indicaba que esta asistencia debía efectivizarse transcurridos al menos catorce días corridos de la inoculación, excepto aquellos autorizados a trabajar en forma remota.

Con respecto de los parámetros a tomar en cuenta para la convocatoria individual de los trabajadores, el fallo determinó que están vinculados "con el nivel de inmunidad tras la primera dosis según la vacuna asignada, el tiempo transcurrido desde su inoculación y el tipo de riesgo que afecta a cada paciente".

También se menciona la necesidad concreta que tiene cada establecimiento de salud para de requerir la presencialidad de los agentes beneficiados por la dispensa, y la posibilidad de contar con áreas en las que no exista alta circulación viral de Covid-19 para que los agentes comprendidos puedan prestar tareas.

Por último, "se deberá considerar la distancia entre la vivienda del personal y el referido destino físico, lo cual reviste importancia para saber si requerirá transporte público para trasladarse, entre otras cuestiones".

En el fallo se menciona que el Gobierno porteño informó que “el total de personas activas al 28 de abril de 2021, según el Sistema de Autogestión de Liquidación del Gobierno de la Ciudad (SIAL) es de 48.466 personas”.

A su vez, el Ministerio de Salud de la Ciudad "cuenta con la prestación de servicios de 402 personas, afectadas específicamente a estrategias sanitarias Covid, y cuyas contrataciones por prestación de servicios se encuentran a la fecha en proceso de renovación", se agregó en la resolución judicial.

También el GCBA informó que “se registran 1.519 dispensas del deber de asistencia al lugar de trabajo a trabajadores del Subsistema Público de Salud, por encontrarse incluidos dentro de alguno de los grupos de riesgo definidos por la Resolución N˚ 622-GCABA-SSGRH/20 y modificatorias”, cifra que representa un 3,10 % del total. (Télam)