El oficialismo porteño despacho el proyecto del distrito economico para barrios populares

Tras un plenario de comisiones, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) firmaron hoy un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que crea un distrito económico para cuatro barrios populares, pese al rechazo de vecinos y el Frente de Todos (FdT).
En la reunión, realizada en el Salón San Martín de la Legislatura porteña que comenzó a las 12.30 y finalizó a las 16.30, hablaron unos 30 residentes de barrios populares y luego los legisladores de tres comisiones: Desarrollo Económico, Presupuesto y Promoción Social.
Mientras el oficialismo defendió el proyecto al afirmar que "es parte de los procesos de urbanización" ya iniciados y que es su "objetivo de generar trabajo", el FdT lo criticó al sostener que beneficia a "grandes empresas" que competirán de manera "desleal" contra los pequeños comercios.
"Se permitirá que grandes cadenas, con beneficios siderales, destruyan a las pequeñas unidades productivas", dijo la legisladora Claudia Neira (FdT).
Gimena Villafruela (JxC), en tanto, dijo que el proyecto da un "marco normativo a una situación que ya existe", es decir las empresas que se instalan en los barrios populares, y destacó que para generar empleo, el "objetivo es que contraten al menos un 30 por ciento" de residentes de la zona.
Con el título "distrito de integración productiva e impulso al trabajo", la iniciativa abarca a los barrios Rodrigo Bueno, Villa 20, Padre Mugica y Playón de Chacarita.
En esos barrios habrá beneficios para empresas que se radiquen allí luego de inscribirse en un registro que establece mayores descuentos (80 por ciento de los Ingresos Brutos) para las primeras 15 que se anoten.
"Criticamos que se beneficie a los que se anotan primero y no a los mejores proyectos", dijo Javier Andrade (FdT).
Luego, su compañera de bloque Laura Velasco sostuvo que la iniciativa no garantiza integración productiva, ya que "habla de localización de comercios", y agregó que "tampoco habrá impulso al trabajo", ya que "un 30 por ciento es muy bajo y, además, es discrecional porque se deja al margen a quienes no cumplen con el perfil requerido".
Entre los habitantes de los barrios también hubo discusión: mientras unos advirtieron que las cadenas destruirán a los emprendimientos locales y desencadenarán un proceso de expulsión por el incremento del precio del suelo, otros aseguraron que las empresas generarán empleo formal y capacitación.
"Dejemos que las empresas vengan a capacitar a nuestros jóvenes", dijo Lucas, del barrio Rodrigo Bueno.
Florencia, quien se presentó como emprendedora de la economía popular, apuntó que "esta ley viene a crear trabajo en blanco".
Silvana, del Barrio 31, sostuvo en cambio que "quieren implementar la gentrificación y expulsarnos".
Carla, quien se presentó como habitante de un barrio popular y estudiante de economía, dijo que esta ley afectará a rubros como "verdulería, textiles y comidas" de "familias que vienen trabajando hace años".
Otro punto de conflicto fue el de la participación de los habitantes de los barrios en la elaboración del proyecto.
Para Valdés, este proyecto fue debatido "en una oficina de la Legislatura", cuando tendría que haberse elaborado "con los vecinos".
Villafruela, en cambio, dijo que se "escucharon todas las voces" a lo largo del debate, que consistió en "una reunión informativa", a la que concurrieron funcionarios del Ejecutivo, y "dos reuniones de asesores" parlamentarios, en las que se incorporaron modificaciones.
En el transcurso del plenario, varios vecinos levantaron carteles que decían "No a la ley Farmacity", ya que ayer el Boletín Oficial de la Ciudad publicó la preadjudicación de una licitación a esa cadena y otras dos empresas para instalarse en Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita.
Además, en varios tramos del debate fue necesario llamar al orden, ya que los vecinos se interrumpían entre ellos y también abucheaban a los diputados.
Sin embargo, el proyecto quedó en condiciones de ser votado en la próxima sesión de la Legislatura, prevista para el 2 de junio. (Télam)