La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña archivó hoy un pedido de juicio político contra integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, impulsado por la oposición a raíz de una sentencia que determinó que no es obligación del Estado ofrecer vacantes escolares a niños menores de 3 años.

"Estamos presenciando un intento de apelación velado. El contenido de una sentencia no constituye una causal de mal desempeño, en todo caso, es materia de apelación si hubiera una instancia superior", dijo en la reunión de comisión el diputado Gastón Blanchetiere, del bloque oficialista Vamos Juntos.

Añadió que "es la conducta de los jueces" lo que puede motivar su destitución, y criticó el contenido del pedido de juicio político por aludir a "cuestiones generales de política educativa que corresponden al Poder Ejecutivo".

Afirmó que la iniciativa presentada por la oposición en diciembre pasado "no admitía más discusión y correspondía su archivo, sin más".

El pedido de juicio político fue presentado por 20 legisladores del Frente de Todos (FdT) y el Frente de Izquierda (FIT) y cuestionaba a cuatro de los cinco jueces del TSJ porteño por dictaminar que no existe una obligación del Estado de ofrecer vacantes escolares a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad y habilitar criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias.

De acuerdo a esa sentencia, las familias que tienen la posibilidad de pagar una institución del sistema de educación privada, no pueden exigir una vacante en el sistema público.

La diputada del Frente de Todos Cecilia Segura dijo que con ese fallo "el máximo responsable de garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución se apartó de su obligación de garantizar derechos", por lo que "debe investigarse qué originó esa sentencia".

Y agregó que "no es la primera vez que el TSJ que se aparta de la Constitución con una sentencia arbitraria, y eso implica un mal desempeño".

En su artículo 24, la Constitución de la Ciudad dice que el Estado local "asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior".

El diputado Santiago Roberto, también del Frente de Todos, dijo que los jueces del TSJ hicieron una "interpretación errónea de un artículo de la Constitución" porteña y que la sentencia en cuestión fue "una aberración jurídica que deslinda al Estado de su responsabilidad".

(Télam)