Con votos del interbloque oficialista Juntos por el Cambio (JxC), la Legislatura porteña aprobó hoy la ley del "Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo" que da beneficios fiscales a empresas que se instalen en algunos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue rechazado en el recinto por el Frente de Todos y la Izquierda, y en las puertas del edificio por organizaciones sociales y políticas.

La legisladora Gimena Villafruela, del bloque oficialista Vamos Juntos, dijo al iniciar la sesión que la nueva ley busca generar "empleo genuino, formal y de calidad" y la definió como "un paso más en el camino de la integración de los barrios populares".

Además, sostuvo que el nuevo distrito "viene a complementar la economía existente en los barrios y no a generar una competencia desigual".

Desde uno de los palcos del recinto, integrantes de la Mesa de Urbanización de la Villa 31 mostraban carteles que decían "Fomenten el comercio barrial", "Este proyecto no se discutió en los barrios", "Basta de perjudicar a los pequeños comerciantes" y "No queremos empresas en los barrios".

Desde ese palco, interrumpieron varias veces el discurso de Villafruela.

Luego, Claudia Neira, del Frente de Todos, dijo que la nueva ley "perjudica a los comercios de los cuatro barrios que contempla", ya que "el beneficio fiscal impacta distinto dependiendo del beneficiario, principalmente si se trata de cadenas".

De ese modo, la legisladora se refirió al artículo que establece que "los beneficiarios podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido" en los barrios, pero "respecto de la totalidad de las actividades económicas que desarrollen en la Ciudad".

Los cuatro barrios incluidos en el distrito son: Rodrigo Bueno, Villa 20, Playón de Chacarita y Padre Mugica, en los que se implementan leyes de urbanización.

Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda (FIT-Unidad), apuntó, a su turno, que "en los barrios ya existen comercios de todas las actividades que plantea esta ley", y luego preguntó si "el objetivo es que los empresarios avancen y revienten a las cooperativas".

Algunas de las "actividades promovidas" por la ley son: verdulerías, panaderías, ferreterías, servicios financieros y bancarios, farmacias, centros médicos, establecimientos educativos, lavanderías, veterinarias, venta y confección de textiles, supermercados y minimercados, kioscos y polirrubros, hoteles y garajes.

Gabriel Solano, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, sostuvo después que la nueva ley "profundiza una política de expulsión", porque "la instalación de empresas va a aumentar la valuación de los terrenos" y "los vecinos no van a poder enfrentar los costos de vivir ahí".

"Esto lo vimos -continuó- en el proceso de urbanización de la Villa 31, donde sacaron a vecinos de sus casas para otorgarles nuevas viviendas de muy mala calidad, que a dos años de su construcción ya tienen filtraciones de agua y otros problemas graves".

Berenice Iáñez, del Frente de Todos, se refirió por su parte al artículo sobre "empleabilidad", el cual establece que "al menos un 30% del personal a contratar serán trabajadores residentes del barrio", pero agrega que las empresas podrán presentar un "plan alternativo" si "acreditan" la "falta de disponibilidad de trabajadores con experiencia en los rubros requeridos".

"Un 30% es poco y es mezquino", dijo Iáñez, y cuestionó que además "queda sujeto a la posibilidad de encontrar un villero que a las empresas les guste y les caiga bien".

Magdalena Tiesso, también del Frente de Todos, consideró por su parte que "el punto más escandaloso" del proyecto "es la discrecionalidad sobre el descuento de Ingresos Brutos, que se fija por un orden de inscripción a un registro".

"Los primeros 15 -agregó- tienen un descuento del 80%, del número 16 al 30 del 65% y del 31 en adelante del 50%".

Y agregó: "Me pregunto, ¿por qué el descuento no se fija, por ejemplo, en base a las actividades que sean más beneficiosas para cada barrio, o en base a la cantidad de empleabilidad?: El criterio es beneficiar a los 30 primeros amigos del Gobierno de la Ciudad".

Durante el debate, organizaciones sociales y políticas se concentraron frente a la Legislatura para rechazar el proyecto, entre ellas en Movimiento Popular (MP) La Dignidad, Somos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha.

"Estamos movilizados y exigiendo que se respete a los locales, comercios y emprendimientos ya instalados por los habitantes de esas villas. Y hay que recordar que esta misma Legislatura aprobó hace dos años una Ley de Promoción y fortalecimiento de la Economía Popular y aún no la ha implementado", dijo a Télam Walter Córdoba, referente del Movimiento Somos Barrios de Pie.

Mientras los bloques que integran JxC: Vamos Juntos, UCR-Evolución, Republicanos Unidos y Partido Socialista, votaron a favor de la ley, se manifestaron en contra los bloques opositores del Frente de Todos, la Izquierda.

La Libertad Avanza, en tanto, se abstuvo.

De esta forma, la iniciativa quedó aprobada con 32 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones. (Télam)