Por Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.


"Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal". Esas fueron las palabras de Alberto Fernández en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

De esta manera, repitió y profundizó el anuncio que había realizado ante la Asamblea Legislativa hace un año, días antes de que la agenda pública se viera sacudida por la pandemia.

El juicio por jurados a nivel federal implica que la culpabilidad o inocencia en causas de delitos federales (que no son muchos), como los delitos graves ocurridos en lugares sometidos a la jurisdicción federal, trata de personas, traición a la patria, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado, será decidida por personas comunes y corrientes.

¿Qué puede aportar a este sistema judicial vetusto y medieval que se encuentra en una crisis de credibilidad sin precedentes?. El jurado es todo lo contrario a la justicia escrita, secreta, tardía y decidida entre paredes por funcionarios todopoderosos. El jurado significa apertura, transparencia, máxima publicidad, oralidad y celeridad. Pero, por sobre todas las cosas, el jurado es un cuerpo político independiente e imparcial de todo poder. El pueblo es el que ahora decidirá pero bajo estrictos controles de los abogados y del juez a la vista de todos.

El Congreso Nacional siempre mantuvo viva la discusión y por eso hay proyectos en ambas Cámaras de todas las bancadas políticas. Pero pocos días después del anuncio presidencial, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), presentó un proyecto de ley de Juicio por Jurados en sintonía con el discurso de Alberto Fernández y las recomendaciones del grupo de juristas que asesoraron al Presidente en 2020.

El proyecto establece una implementación progresiva y propone que entre en vigencia inmediatamente en aquellas provincias que ya se aplica el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal. Por otro lado, recupera la experiencia acumulada en estos exitosos seis años de experiencia del jurado popular en el país y retoma el trabajo que el Congreso Nacional ha desarrollado sobre el tema en los últimos 15 años.

En el país hay provincias pioneras: Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Río Negro, Entre Ríos y Córdoba tienen Juicios por Jurados para delitos graves, como casos de homicidios, violaciones, abusos y torturas. Otras provincias ya lo sancionaron y están próximas a implementarlo, como San Juan y Chubut; y Santa Fe tiene media sanción de Diputados. Inclusive Chaco sancionó en 2020 una ley de jurado civil y comercial. Gracias a los 500 casos que se han desarrollado en las seis provincias que tienen el sistema clásico y a investigaciones empíricas, podemos afirmar que los ciudadanos están ampliamente capacitados para participar de las decisiones judiciales. Además, el Juicio por Jurados permite mayor imparcialidad, facilita la comprensión de los actos judiciales, exige un mejor desempeño de los defensores y los fiscales y brinda una mayor transparencia.

Mucho se ha hablado en estos días sobre la necesidad de una reforma judicial, ya sea por la lentitud e ineficacia para resolver los conflictos, la escasa transparencia, los oscuros intereses que se disputan los factores de poder, entre otras cuestiones. La ola juradista que está viviendo el país en los últimos años es parte esencial de la solución de los problemas. Es momento de profundizar este camino (entre otros tantos que hay que transitar) o seguir padeciendo este mismo sistema judicial. Qué hubiera sido de este país si hubiéramos cumplido con la manda de nuestra Constitución en 1853. El Juicio por Jurados es un éxito cultural y político rotundo en la Argentina. Es hora de implementarlo de manera definitiva y generalizada. (Télam)