La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió hoy que la causa por el supuesto contrabando de material bélico de la Argentina a Bolivia durante el gobierno de Cambiemos quede en manos del juez Alejandro Catania, por lo que dejará de intervenir en el expediente su colega Javier López Biscayart.

El tribunal de apelaciones resolvió una disputa negativa de competencias en la que ambos jueces sostenía que le correspondía al otro intervenir en el caso.

El criterio que primó fue el de dejar el expediente en manos del juez que recibió la primera denuncia sobre el tema, aunque solo fuera por una diferencia de pocos minutos.

El juzgado a cargo de Catania fue el que recibió la primera denuncia por el supuesto contrabando, presentada por el abogado y excamarista federal porteño Eduardo Freiler en base a información periodística, mientras que el mismo día –aunque unos minutos más tarde- el juez López Biscayar había recibido una denuncia mucho más robusta elaborada por funcionarios del Gobierno nacional.

Si bien ambos jueces coincidieron en que debe ser un mismo magistrado el que continúe interviniendo en ambas denuncias por los hechos ocurrido en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, trabaron la competencia porque discreparon en relación a quien le correspondía seguir con las actuaciones.

“En el caso, como se vio, las causas CPE 721/2021 y 722/2021 se iniciaron por denuncias que fueron presentadas ante la Mesa de Entradas de esta Cámara de Apelaciones, en distintos horarios del mismo día y que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 del reglamento para los tribunales de este fuero y por los arts. 1 y 2 del reglamento de informática del mismo, se procedió al sorteo de aquéllas, también un mismo día, respetando el orden de recepción, efectuándose en primer término el sorteo de la primera denuncia recibida, resultando asignada al Juzgado N° 4 del Fuero”, se indicó en el fallo al que accedió Télam.

En ambas denuncias intervino el mismo fiscal, Claudio Navas Rial, por lo que no habrá cambios en relación al representante del Ministerio Público que impulsó la investigación.

Por los hechos investigados ya están imputados el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el exministro de Defensa, Oscar Aguad; el excanciller Jorge Faurie; el exjefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.

Se investiga el supuesto desvío de material represivo –como gases lacrimógenos y 70 mil municiones anti tumulto- sacado de la Argentina el 12 de noviembre de 2019 y detectado luego en manos de las fuerzas de seguridad bolivianas. (Télam)