El Gobierno jujeño ratifica su decision de poner “limites” a colectivos que protestan

El ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, respaldó hoy la emisión de multas contravencionales contra referentes de colectivos sociales, sindicales y políticos que se manifiestan en las calles al considerar que pone “límites a la violación a los derechos de la comunidad".
Las declaraciones del referente oficialista se dieron luego de conocerse un fallo comunicado por la Justicia Contravencional provincial en relación a la protesta que encabezaron estudiantes de los Centros de Educación Integrada para Jóvenes y Adultos (Ceija), en marzo del 2018, que implica multas para los manifestantes.
"Una cosa es reclamar recorriendo el centro y permanecer por unos minutos en una esquina o en una cuadra y otra cosa es quedarse por varias horas, porque allí se violenta la libertad de tránsito de los demás ciudadanos", sostuvo el funcionario local.
El fallo del organismo que reemplaza al exJuzgado de Faltas ordenó a un grupo de estudiantes a pagar al menos $16.000, decisión que fue ratificada por la justicia ordinaria provincial.
Para Perassi, la resolución contravencional "es importante a partir de la confirmación que recibió por parte de la Justicia en sus distintas instancias, inclusive llegando al Superior Tribunal".
“A partir de ahora se podrá continuar trabajando, poniendo límites a aquellas violaciones a los derechos del resto de la comunidad”, agregó.
Sobre el derecho a manifestarse, reclamar y protestar, reconoció que "existe y que está garantizado en la Constitución Nacional", pero remarcó que también existe "un derecho del resto de la población".
Según consideró, cuando con una manifestación "se avanza sobre los derechos de otras personas, el Estado tiene que actuar a partir de la plena vigencia del Código Contravencional y si el caso es más grave se debe encuadrar en el Código Penal".
Por otra parte, organizaciones sociales de Jujuy advirtieron ayer sobre la “criminalización" de la protesta social que lleva adelante el Gobierno provincial al sostener que "se ha vuelto una constante” la emisión de actas contravencionales luego de marchas realizadas en reclamo de mayor asistencia estatal.
Tras masivas movilizaciones durante diciembre, los activistas denunciaron que al menos una decena de referentes recibieron actas contravenciones que implicarían diversas multas.
“Se está acusando a dirigentes y organizaciones sociales simplemente por haberse movilizado interrumpiendo el tránsito vehicular, además se plantea que se violaron las normas relativas al distanciamiento social cuando en realidad se lo respetó”, consideró una asesora legal de los movimientos.
Asimismo, los dirigentes sociales expresaron que “pareciera que en la provincia no se puede cuestionar nada, ni salir a las calles".
"Está a la vista lo que somos y lo que hacemos, y vamos a redoblar nuestra lucha”, afirmaron finalmente. (Télam)