El Gobierno de Tucuman demando a empresarios de colectivos, en medio del paro de choferes

El Gobierno de Tucuman presento una accion judicial penal contra los empresarios de transporte publico de pasajeros por no cumplir con el pago de los salarios de los choferes, tras haberles otorgado subsidios por 51 millones de pesos, situacion que

Política 10 de marzo de 2020 Agencia Télam
El Gobierno de Tucumán presentó una acción judicial penal contra los empresarios de transporte público de pasajeros por no cumplir con el pago de los salarios de los choferes, tras haberles otorgado subsidios por 51 millones de pesos, situación que ocasionó un nuevo paro en la provincia.
Los choferes de colectivos llevan adelante desde hoy y por tiempo indeterminado un paro de colectivos, debido a un atraso en el pago del 60% de sus sueldos, informó César Gonzáles, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
“Los compañeros necesitan percibir sus sueldos. No vemos por qué no hacen efectivo el pago de la remuneración si ya cuentan con el dinero de los subsidios”, reclamó el gremialista.
Ante esta situación, el gobernador provincial, Juan Manzur, ordenó a la Fiscalía de Estado que impulse una demanda penal contra los propietarios de las empresas por los "problemas socioeconómicos" que causará la medida de fuerza, que afecta a más de 300 mil usuarios, luego del subsidio de 51 millones de pesos que el Gobierno otorgó el viernes pasado a las empresas de transporte de pasajeros, que se hizo efectivo el sábado.
La denuncia penal contra los titulares de las empresas de colectivos se fundamenta en los "contratiempos que la medida de fuerza causará en la actividad socioeconómica provincial”, señalaron desde el gobierno provincial.
En tanto, el fiscal de Estado, Federico Nazur, explicó que los subsidios federales se triplicaron y en los casos que están pendientes de entrega es porque las empresas no presentaron las rendiciones de cuenta correspondientes.
Por su parte, el vicegobernador Osvaldo Jaldo convocó a una Labor Parlamentaria para analizar la posibilidad de rescindir las concesiones a las empresas del transporte público de pasajeros “respetando la autonomía de las municipalidades en la materia”.
“La idea es coordinar acciones con los intendentes para avanzar, de ser necesario, en un llamado para que otras compañías se hagan cargo del servicio”, dijo Jaldo.
César Atim, referente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), indicó que las empresas tienen un “déficit de $ 385 millones por los subsidios no percibidos", situación que, según dijo, "complica" a las empresas del transporte que sufren la falta de acceso al crédito y en consecuencia "necesitan que les subsidios nacionales para sobrevivir”. (Télam)
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