El exintendente de la localidad salteña de Aguaray Jorge Enrique Prado y otros nueve imputados irán a juicio oral y público ante un tribunal colegiado por la causa por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).

Fuentes del Ministerio Público Fiscal Federal (MPF) informaron hoy que la decisión se adoptó en una extensa audiencia dirigida por el juez federal de Revisión Alejandro Castellanos y coordinada por la Oficina Judicial Salta.

Durante la audiencia, el fiscal general Eduardo Villalba rebatió planteos defensivos y consolidó así la acusación penal por la cual Prado irá a juicio oral y público.

Las actuaciones se iniciaron en febrero del año pasado, a partir de notas periodísticas, y el 18 de mayo se formalizó la acusación contra Prado; su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA, por los delitos de fraude a la administración pública y robo agravado.

En tanto, el 28 de julio se amplió la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro transporte que habrían participado de las maniobras, tras lo que la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Prado, que fue concedida.

"Se trata de un caso de enorme trascendencia local y nacional, en el que la fiscalía tomó en cuenta el trabajo de los distintos medios periodísticos", expresó Villalba, quien señaló que los acusados concretaron una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional, en este caso caños del Gasoducto GNEA, para obtener un provecho económico con su comercialización.

Según el MPF, la intención de los imputados apuntaba al apoderamiento de caños por un tramo de 35 kilómetros, que atraviesa la localidad de Aguaray y parajes vecinos, y la investigación permitió recuperar más de 250, secuestrados en la zona y en Buenos Aires.

"Para lograr este negocio millonario, los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha días antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, cuando Alos presentó una nota para extraer los caños bajo el pretexto de que se trataban de pasivos ambientales", indicó el fiscal. (Télam)