El constitucionalista y miembro de la Comisión de Expertos que asesora al presidente en la reforma judicial, Gustavo Ferreyra, consideró hoy que las medidas anunciadas contra la pandemia deben ser "obedecidas" por los estados provinciales y que, por tanto, la presentación del Gobierno porteño ante la Corte Suprema para evitarlas no debería prosperar.

En diálogo con Télam, el profesor de derecho constitucional en la UBA, reseñó que el presidente Alberto Fernández firmó "decenas de decretos por razones de necesidad y urgencia" y que "las decisiones del presidente de la República son de naturaleza federal".

Si bien Ferreyra reconoció que las decisiones en salud y educación son "facultades concurrentes" del Gobierno central, las provincias y la Ciudad, señaló que "la primacía del derecho federal se impone cuando las políticas públicas en materia de salud y educación se dirigen a proteger y desarrollar el bienestar general de todo el pueblo, ordenado desde el Preámbulo desde 1853".

"En consecuencia, la limitación temporal dispuesta por el Presidente de la República debe ser obedecida por los gobernadores de las provincias y por el jefe de Gobierno de la Ciudad, porque ellos son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y el derecho federal", precisó.

Al respecto, explicó que "la limitación de los derechos de las personas, en los términos del Decreto 241/2021, no es una materia judiciable, motivo por el cual la judicialización de la política que se intenta deberá ser rechazada".

En este sentido, el catedrático evaluó que la presentación ante la Corte de la Ciudad, "no debería prosperar porque se trata de una política pública del Presidente exenta, en principio, del control judicial de constitucionalidad".

"Esta política pública, además, se dicta en plena consonancia con la protección de la salud y la educación que debe realizar el Presidente y que, de ninguna manera, supone una intervención", consideró.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases, suspendidas desde el lunes próximo y por un plazo de 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la segunda ola de coronavirus.

La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado".

En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto "viola la autonomía de la Ciudad" e "implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación".

(Télam)