El abogado Alejandro Rúa amplió hoy su denuncia sobre el supuesto espionaje a abogados de personas privadas de la libertad, en una presentación que formuló ante la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El abogado formuló esta nueva presentación luego de que el juzgado federal a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi certificara, en el marco de una investigación judicial, que más de 200 conversaciones entre personas privadas de la libertad y sus respectivos abogados habían sido interceptadas.

En la presentación a la que accedió Télam, Rúa aportó un anexo documental que da cuenta del detalle de las intercepciones y señaló que corresponde a la certificación de las intercepciones realizadas “solo en los meses de enero y febrero de 2019 hasta que cesó la escucha ilegal, estando pendiente de relevar aún todo el resto de la interferencia de las comunicaciones”.

En los documentos se observa la captación de conversaciones de quienes serían, entre otros, de los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián de Sousa y Cristóbal López con sus respectivos abogados.

“Se reitera que esa severa constatación se vincula sólo con un tiempo bien acotado del total en que se concretó la interferencia ilegal de las comunicaciones confidenciales entre las personas detenidas y sus abogados. Y que resta aun certificar todas las situaciones de vulneración de derechos”, remarcó Rúa en la presentación que le hizo al relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán.

“Se solicita nuevamente su intervención, para que en la situación que ha quedado expuesta, se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por las maniobras de espionaje ilegal en perjuicio, entre otras cosas, de la independencia de los abogados, en las que conoce esa Relatoría Especial”, requirió el abogado.

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Rúa recordó que oportunamente hizo saber que en el ejercicio de su profesión asistía a distintas personas que fueron detenidas en el Complejo Penitenciario Federal I, con asiento en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde se concretó la escucha ilegal de sus conversaciones telefónicas, incluidas aquellas con sus abogados.

Las certificaciones se produjeron en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora, luego de que se conociera que un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, durante la gestión de Gustavo Arribas, había realizado presuntas maniobras de inteligencia ilícita sobre dirigentes políticos.

Las certificaciones que ya se lograron son las de las comunicaciones que utilizó el fallecido juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida como “Puf”, iniciada a partir de una denuncia anónima, con el objetivo de contrarrestar la explosión del caso D´alessio. (Télam)