El procurador general de Salta, Abel Cornejo, denunció hoy ante el Jurado de Enjuiciamiento y pidió la remoción de la defensora oficial de Tartagal involucrada en un caso de supuesto desvío de donaciones que estaban destinadas a comunidades wichis.

El jefe de los fiscales le atribuyó la presunta comisión de delitos, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, informaron fuentes del Ministerio Público de Salta.

Los voceros indicaron que la denuncia de Cornejo fue elevada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, en contra de la defensora oficial Civil del Distrito Judicial de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, de 40 años.

La mujer está involucrada, junto a su hermana, la detenida concejala radical de Tartagal Paola Alejandra Díaz, de 43 años, en un presunto desvío de donaciones destinadas a comunidades wichis del norte salteño.

En la misma presentación, el procurador solicitó la apertura del proceso de remoción de Díaz, al considerar, entre otras inconductas, la gravedad de los hechos que dieron origen a la investigación penal, el sector de extrema vulnerabilidad involucrado en el destino de los bienes retenidos y el transcurso del tiempo.

De la información suministrada profusamente por los medios de comunicación y las constancias del sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, surgió que Sandra Liliana Díaz denunció a sus dos hermanas por tener acopiadas las donaciones de distintas fundaciones y organizaciones intermedias, durante todo 2020 y hasta la actualidad.

Lo retenido en Tartagal no fue entregado a sus destinatarios y, en cambio, habría sido comercializado por ambas.

Las donaciones habrían sido realizadas por las fundaciones Noble, River Plate y Marinaro, entre otras, y consistían en pañales, zapatillas, indumentaria, agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene personal, destinadas a comunidades aborígenes del norte provincial.

Sin que implique emitir un juicio de mérito sobre los delitos atribuidos a la magistrada, el procurador consideró "necesaria e indispensable la apertura del procedimiento", para dilucidar la responsabilidad de la presunta conducta reprochable de la defensora oficial.

El lunes último, el fiscal interino penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos a la concejala, que optó por declarar y quedó detenida, y a su hermana, quien además fue suspendida en su cargo por 30 días.

La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo "la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel", pues la mercadería debía ser repartida "entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichi".

En el allanamiento, con auxilio de la fuerza pública, se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa nueva y usada y zapatillas.

En tanto, el Concejo Deliberante de Tartagal decidió ayer no suspender ni tomar medida alguna aún contra la edil imputada. (Télam)