El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria e intendente de la localidad rionegrina de General Roca, Martín Soria, fue denunciado penalmente por el supuesto cobro de “retornos” en sueldos, que llegarían a los 450.000 dólares, durante los últimos años de su gestión, informaron hoy fuentes judiciales.

A diez días de las elecciones para gobernador por Río Negro, a Soria se lo acusa del "delito de peculado"; al tiemṕo que desde el entorno del candidato no se han conocido descargos hasta el momento.

En tanto, la justicia provincial resolverá en las próximas horas sobre la situación de la denuncia.

El denunciante en la causa es el abogado y referente de Cambiemos Nicolas Suárez Colman, quien señaló que "Soria embolsó un total cercano a los 450.000 dólares mediante la retención indebida del 4 por ciento del sueldo de su planta política".

En declaraciones radiales, el letrado explicó que las pruebas de la denuncia llegaron de manera anónima. "Eso nos llama la atención. Debe haber miedo, porque debería ser el propio empleado municipal el que debería denunciar”, indicó.

"Entre las normas municipales no hay ninguna que habilite la retención de haberes, y menos sin el asiento contable. Eso lo hace ilegal. No sólo que es ilegal sino que no hay norma legal que lo habilite”, precisó.

"A las pruebas se le suma un detalle sobre cinco casos de altos funcionarios del Municipio de General Roca, correspondientes a un mismo mes, en los que puede advertirse que por recibo cobran una suma, pero en sus cuentas se depositó aproximadamente un 4% menos", remarcó Colman.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

En el escrito de diez carillas presentado el ilícito es fácilmente comprobable, apuntó Suárez Colman. "Solo basta contrastar los recibos de sueldos con los montos transferidos a cada uno de los funcionarios implicados", aseguró.

La denuncia afirma que estos fondos “son utilizados para fines personales, como una forma de obtener un beneficio económico a partir de la designación de los funcionarios, como una forma de mantenerse en el cargo", agregó.

"Esta situación es conocida entre los funcionarios, pero se mantiene en absoluto silencio hace años", señaló Suárez Colman, y añadió que “denunciar el hecho, sería denunciar a su jefe, quebrar un código de silencio y quedarse inmediatamente sin trabajo”. (Télam)