Debaten ley para actualizar las asignaciones familiares a estatales porteños, congeladas desde 2013

Legisladores porteños iniciaron hoy el tratamiento de una ley para actualizar el monto de las asignaciones familiares de los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, que permanecen congeladas desde 2013 y que son percibidas por docentes, policías, personal de salud y administrativos del distrito.
Tras siete años sin aumentos para esos beneficios, ahora el Ejecutivo porteño impulsó una propuesta que busca revertir esa situación, luego de que un fallo judicial ordenara incrementar las asignaciones.
De aprobarse, se aumentará el valor estancado desde 2013 y que hace que en la actualidad, por ejemplo, los trabajadores cobren $270 pesos por la asignación por hijo.
El proyecto fue analizado en el marco de una reunión de la comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento porteño, que contó con la presencia del subsecretario de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad, Sebastián Fernández.
Además, delegados de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se concentraron en las puertas de la Legislatura, mientras se desarrolló el encuentro, para reclamar a los diputados modificaciones en el proyecto por entender que perjudicará a un sector de los docentes que cumple con una mayor carga horaria.
Puntualmente, la iniciativa dispone la creación del Régimen de Asignaciones Familiares para el personal del Estado, entre ellos, unos 47.000 trabajadores de los sectores administrativo, docente, salud y policías, que están en condiciones de percibir el beneficio.
La actualización fue ordenada hace un año a la gestión local por el juez Marcelo López Alfonsín, que consideró -tras una presentación de los gremios UTE y ATE- que el monto de las asignaciones era "irrisorio frente a los efectos inflacionarios y los aumentos del costo de vida".
A diferencia de la ley actual, el nuevo proyecto establece una actualización semestral y automática de las asignaciones familiares en función de los incrementos salariales acordados en las negociaciones colectivas.
Según informó Fernández, la iniciativa propone “un régimen de carácter progresivo” ya que se implementarán tres bandas ya predeterminadas en función del ingreso del beneficiario que hará que “aquellos con menores ingresos percibirán un monto mayor de asignación”.
Los tramos establecidos de acuerdo a los ingresos van de $6.000 a $60.000 el primero, luego de $60.000 a $87.500 y el restante de $87.500 a $114.500, cifra que marca el tope máximo del salario en bruto de los trabajadores para recibir el beneficio, a excepción de la que contempla la asignación por hijo con discapacidad, en la que no regirá el techo.
Incorpora también "la asignación especial por violencia de género" que fija "el pago de una suma de dinero que se abonará por única vez, a la mujer o a la persona del colectivo LGBTIQ+ en el mes que acredite la denuncia judicial o policial".
Al respecto, la legisladora del Frente de Todos Lucía Cámpora pidió al bloque del oficialismo que sea retire como requisito la presentación de una denuncia.
En tanto, Fernández sostuvo que el proyecto fue elaborado "luego de meses de análisis y trabajo entre varias áreas de Gobierno" y agregó que “más allá de resolver las cuestiones de corto plazo relativas a los montos, tiende a replantear el régimen en su conjunto, con una mirada innovadora, inclusiva y progresiva”.
Por su parte, el legislador del FDT Santiago Roberto llamó a sus colegas a trabajar en el proyecto para que “las actualizaciones tengan más que ver con lo que viven los trabajadores” y advirtió sobre “la injusticia que podría recaer sobre los docentes que hacen doble turno", ya que -dijo- "en algunos casos quedarían fuera del beneficio por los topes previstos”.
En la misma línea, la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, planteó que el anteproyecto girado por el Ejecutivo a la Legislatura "tiene un escalonamiento para el cobro de las asignaciones que hace que muchas compañeras que tienen dos cargos no van a llegar a tener la asignación, o cobrarían menos”.
“Se tiene que hacer un proyecto que atienda las necesidades de los trabajadores porque hay un montón de cuestiones que perjudican derechos constitucionales”, advirtió en declaraciones formuladas a Télam en la puerta de la Legislatura porteña. (Télam)