Comunidad indigena denuncio violento desalojo en Jujuy con al menos siete detenidos

Integrantes de la comunidad indígena Tilquiza de Jujuy denunciaron hoy que fueron víctimas de un "violento" desalojo por parte de la policía de esa provincia cuando realizaban una protesta a raíz del bloqueo de un camino ancestral ubicado a 17 kilómetros de la capital jujeña, que derivó en la detención de al menos siete personas, entre ellas una bebé.
La comunidad originaria se encontraba realizando una protesta en un camino ubicado a 17 kilómetros de la capital jujeña, por la ruta provincial 35, donde, según denunciaron, "un terrateniente" emplazó un cerco que impide el paso de sus integrantes desde hace varias semanas.
El desalojo se realizó poco después del mediodía en el marco de un amplio operativo de seguridad que desplegó numerosos efectivos en la zona.
En el operativo detuvieron a cinco mujeres, una de ellas menor de edad, y dos hombres, entre ellos Néstor Jerez, referente nativo denunciante de los actos de "despojo" en perjuicio de la comunidad.
Los detenidos fueron traslados a la comisaría del Barrio Chijra de San Salvador de Jujuy y fueron identificados como Norma Alancay, Yisela Gaspar, Mercedes Galán, Belén Arias, Yoselin (bebé de Arias), Macarena Gaspar, German Gaspar, Ana María Cruz y Néstor Jerez.
"Esta medida atenta contra los tratados internacionales de derechos humanos, en especial el Convenio 169 de la OIT, la ley 26.160 y el Protocolo del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy 2661/2021 para el Abordaje de Conflictos en materia de Comunidades Indígenas", enfatizaron voceros de la comunidad.
En ese marco, responsabilizaron al titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, "por esta orden desmedida" y exigieron "justicia para la comunidad indígena Tilquiza".
Al lugar acudieron funcionarios locales del Inadi y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes solicitaron el "cese de violencia institucional" y mediaban para conseguir la liberación de los activistas demorados.
"Como organismo del Estado que trabaja contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, manifestamos nuestro desacuerdo a toda acción que fomente la desigualdad y apunte en contra del Estado de derecho", manifestaron desde el Inadi y llamaron a "cumplir con las legislaciones y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas".
El conflicto, que lleva varios meses en la Justicia, se agudizó el pasado 5 de septiembre cuando el colectivo originario denunció que un terrateniente bloqueó el paso de un camino ancestral en el marco de una confrontación territorial.
La protesta de los activistas se inició con el emplazamiento del cerco, que repudiaron porque representa "un acto de despojo a través de impedimento de paso y al libre tránsito", en un camino ancestral reconocido por ley 26.160 en ingreso a territorio comunitario, según reclamaron en esa oportunidad
El hecho se registró en un camino lindante a la Escuela Primaria 329 de Tilquiza, ubicada a 17 km de San Salvador de Jujuy por ruta provincial 35.
Los comuneros apuntaron contra un "terrateniente", identificado como Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto, y señalaron que "volvieron a colocar candado en el único camino de paso que tienen los integrantes de la mencionada comunidad".
"Siendo de esta manera afectados sus derechos constitucionales, DDHH y territoriales, principalmente niños y ancianos con dificultades y problemas de salud; como así también viéndose limitados al transporte de mercaderías y víveres indispensables para la subsistencia", expresaron.
Además, mencionaron que por el conflicto territorial se realizaron denuncias de similares características en el pasado mes de julio y afirmaron que "existe medida cautelar de no innovar" en el sitio.
En ese marco, aseguraron que pesan múltiples denuncias contra los hombres mencionados "por amenazas permanentes con arma de fuego contra miembros de la comunidad".
Entre los argumentos de defensa, remarcaron la vigencia del decreto 805/2021, que indica: "Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes". (Télam)