Integrantes de la Comunidad Indígena Collamboy, que mantienen un conflicto por la instalación de una minera en plena Puna jujeña, se reunieron hoy con referentes de instituciones civiles y organizaciones sociales de la capital provincial, a quienes llamaron a "defender los territorios" contra la explotación minera.

La convocatoria se realizó frente a la Gobernación, en el marco del conflicto que se mantiene en el Departamento de Susques, en un punto tripartito entre las comunidades de San Juan de Quillaques, Collamboy y El Toro, distante unos 210 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

"Convocamos a organizaciones sociales e instituciones de la provincia para seguir la lucha en contra de la instalación de la empresa Minerales Australes, emprendimiento que avanza sobre territorios comunitarios", dijo a Télam, Claudia Pérez, abogada de los comuneros.

Sobre ese punto, manifestó que el llamado es también "para preservar el agua" pues, dijo, la explotación minera se intenta realizar "cerca de un cerro nevado en la puna de Atacama a 40 kilómetros de Susques".

Los comuneros recibieron el apoyo de la Asamblea de Trabajadores Desocupados (ATD), el Inadi, el Consejo de Participación Indígena, el colectivo Llankaj Maki y la Radio La Voz del Cerro.

"Los hermanos detallaron cómo fue la instalación de una empresa minera en sus territorios sin que llevara a cabo la consulta libre, previa e informada" de quienes habitan en esa región, afirmó Pérez.

Los comuneros se dirigieron a la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) para expresar "la necesidad de resolver el trámite de relevamiento y otorgación de los territorios comunitarios que fue solicitado en el año 2018".

La empresa Minerales Australes S.A. opera en el sitio desde febrero para la extracción de litio y potasio, situación que provocó la reacción de los lugareños.

Por otra parte, repudiaron una denuncia de la firma privada contra los comuneros por "estorbar el tránsito en la vía pública", cuando los activistas realizaban en marzo un acampe de protesta en la zona donde se emplaza la minera.

"Es una denuncia falaz asentada en la Justicia jujeña para perseguir a los integrantes de la familia Quispe y de la comunidad de Trenque, que se encontraban en defensa de sus territorios", reiteró la abogada.

Informaron que el colectivo presentó ante el Juzgado de Minas de Jujuy la nulidad administrativa de la operación, al entender que "no se cumplimentó la consulta y consentimiento previo de la comunidad originaria".

A ello se suma la demanda que indica que el pedimento minero "abarcaría más de 3.000 hectáreas, afectando a claramente la tierra que ancestralmente les corresponde a las comunidades indígenas", concluyó Pérez. (Télam)