(Por Lisa Cargnelutti).- La iniciativa popular para crear un parque público en el predio de Costa Salguero fue presentada esta semana por el Frente de Todos (FdT) de la Ciudad de Buenos Aires junto a organizaciones ambientales, cuenta con el aval de más de 53.000 electores porteños cuyas firmas serán verificadas por la Justicia el mes próximo, para que luego la Legislatura pueda debatir el proyecto en comisiones y votarlo en el recinto.

Esta iniciativa se opone a las intenciones del jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsa la rezonificación de Costa Salguero y la venta de una parte del predio, para que allí puedan construirse edificios privados de diez pisos, con viviendas, oficinas y comercios.

"El proyecto del Ejecutivo de la Ciudad es instalar torres de lujo en una zona costera que está protegida tanto por la Constitución de la Nación como por la de la Ciudad. Nosotros juntamos más de 50.000 firmas para presentar un proyecto que crea allí un parque público", remarcó en diálogo con Télam María Rosa Muiños, legisladora porteña del FdT.

En la Constitución de CABA hay dos artículos que se refieren puntualmente a la costanera del Río de la Plata: por un lado, el número 8 dice que "los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación".

Por otro lado, el artículo 27 ordena al Estado local promover "la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras" como también garantizar "su uso común".

"Costa Salguero es un terreno sobre el río que durante 30 años fue concesionado de manera irregular. Hoy tenemos la posibilidad de recuperarlo y a Rodríguez Larreta lo único que se le ocurre es construir torres de lujo, que serían una barrera urbana que bloquea el acceso al río", subrayó por su parte el legislador Matías Barroetaveña, también del FdT.

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"Nosotros proponemos –agregó- que sea un gran parque público para el disfrute de todos, para recuperar el río para la Ciudad (de Buenos Aires) pero también por cuestiones ambientales, la Ciudad necesita más espacios verdes".

Con este objetivo, el FdT y varias ONG ligadas al medio ambiente y al ordenamiento territorial como el Colectivo en Defensa de las Tierras Públicas, Eco House, Jóvenes por el Clima, Menos Cemento Más Verde, Consciente Colectivo y la Red de Universitarios por la Crisis Climática (Rucc), presentaron este jueves la demanda de que se convoque a una iniciativa popular con las 53.864 firmas que la respaldan.

La presentación se realizó en la Dirección de Participación Ciudadana de la Legislatura de acuerdo a lo establecido por el mecanismo de Iniciativa Popular previsto en el artículo 64 de la Carta Magna de CABA, que determina que un proyecto con ese origen, para lograr estado parlamentario, debe alcanzar el apoyo del 1,5% del electorado del distrito, lo que equivale a unas 40 mil personas.

"Ahora queda un paso: la revisión de las firmas por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, y esperamos que actúe como un tribunal imparcial y no como militantes del partido de gobierno, como tantas veces lo expresaron en sus fallos", advirtió el senador nacional Mariano Recalde (FdT-CABA), presidente del Partido Justicialista porteño, en un breve acto realizado en las puertas de la Legislatura al momento de presentar las firmas.

El TSJ porteño tiene cinco miembros, y algunos de ellos fueron señalados desde las fuerzas políticas de la oposición en CABA por estar históricamente vinculados al exexpresidente Mauricio Macri, así como varios de sus fallos fueron cuestionados por favorecer a Larreta.

Entre las resoluciones polémicas del máximo tribunal porteño se encuentra aquella que, en diciembre de 2020, dictaminó que si una familia tiene dinero para pagar la educación inicial de sus hijos, no tiene derecho a exigir una vacante en una escuela pública, medida que alcanza a los niños de entre 45 días y tres años.

Otra resolución criticada fue aquella que, en abril de este año, ordenó la apertura de las escuelas en la Ciudad para dar clases presenciales, cuando Rodríguez Larreta se oponía a la decisión del Gobierno nacional de mantener la educación en su modalidad virtual con el objetivo de reducir los contagios de coronavirus.

De los cinco miembros del TSJ porteño, tres están vinculados con Macri: su presidenta, Inés Weinberg de Roca, llegó incluso a ser propuesta por el expresidente para ocupar la Procuración General de la Nación; Santiago Otamendi fue funcionario en el Ministerio de Justicia en la gestión de Cambiemos (2015-2019); y Marcela de Langhe se desempeñó en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

Ahora, tal como lo establece la ley 40 de la Ciudad, que regula las iniciativas populares, el TSJ será el encargado de "revisar por muestreo" la autenticidad de las firmas que respaldan el proyecto para Costa Salguero del FdT y los colectivos ambientales.

Para hacerlo tendrá un plazo de 30 días hábiles, según lo previsto en los artículos 10 y 11 de la norma, sancionada en junio de 1998.

Al respecto, la diputada Muiños, puntualizó en diálogo con Télam: "Ese chequeo ya lo hicimos".

Si el TSJ valida las firmas, la iniciativa volverá a la Legislatura, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá 20 días hábiles para emitir dictamen.

Luego, la Legislatura deberá aprobar o rechazar ese dictamen "dentro del plazo de 12 meses" y "habiendo transcurrido 11 meses de estado parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión, el Presidente (del cuerpo legislativo) debe incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente", indica la ley 40.

Es decir que el bloque oficialista porteño de Vamos Juntos (PRO y Coalición Cívica), que tiene mayoría en el Parlamento local junto a sus aliados de UCR-Evolución y Partido Socialista, se verá obligado a habilitar la votación en el recinto.

Pero, "si del informe del tribunal (por el TSJ) surge la existencia de irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas, la iniciativa quedará desestimada por resolución fundada del Presidente de la Legislatura", establece la citada ley 40 en su artículo 12. (Télam)