El Comité de Expertas, órgano responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará que busca erradicar la violencia contra la mujer, expresó hoy su repudio "frente al intento de magnicidio" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo consideró "una grave expresión de violencia contra las mujeres y contra el sistema democrático".

"El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) expresa su rotundo rechazo frente al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández", manifestó un comunicado difundido desde este organismo.

El Comité hizo "un llamado a investigar, sancionar y erradicar actos de este tipo".

"El pasado jueves 1 de Septiembre, el ciudadano Fernando Sabag Montiel accionó un arma en contra de la vicepresidenta Fernández durante una aparición pública generando preocupación por su vida y bienestar emocional, así como la consternación y el rechazo de la sociedad", señalaron.

E indicaron que este acto "debe de ser considerado como una grave expresión de violencia contra las mujeres y contra el sistema democrático".

El comunicado también recuerda que el artículo 1 de la Convención de Belém do Pará señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Y, en esa misma línea, "el artículo 5 consagra el derecho de toda mujer a ejercer libre y plenamente

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, contando con la total protección de esos derechos", detallaron.

En este sentido, el Comité de Expertas recordó que "los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia".

Y marcó: "La violencia contra las mujeres en la vida política no sólo constituye una grave violación de sus derechos humanos, sino que representa una amenaza para la democracia, por cuanto pone barreras a su participación en los procesos políticos e impide que contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas".

“Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”, elaborada por este Comité, comprende que “debe entenderse por ‘violencia contra las mujeres en la vida política’ cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

Y de acuerdo con el artículo 6 de esta Ley Modelo, "son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones que causen, o puedan causar, la muerte violenta de mujeres en razón de su participación o actividad política (Femicidio/Feminicidio); así como las amenazas o intimidaciones, con el objeto o resultado de anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan".

Asimismo, el Comité expresó su "profunda preocupación frente a los discursos de odio en el espacio público, en especial aquellos basados en estereotipos de género, que a partir de la violencia simbólica abonan el terreno para otras formas de violencias contra las mujeres".

Por todo lo anterior, el Comité de Expertas instó a la República Argentina a que "actúe con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar los mencionados actos en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández", así como para que se "garantice la necesaria reparación, no sólo a la vicepresidenta, sino a la sociedad argentina en su conjunto para reestablecer la confianza y la estabilidad democrática".

Y se pusieron a disposición del Estado argentino "para cualquier apoyo técnico que pudiera requerir en la materia". (Télam)