(Por Lisa Cargnelutti).- La inscripción para la audiencia pública en la cual los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires podrán opinar sobre el emprendimiento inmobiliario que la empresa IRSA quiere construir en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicado en Costanera Sur, comenzará el próximo miércoles, y se espera una masiva participación de organizaciones ambientales que se oponen a la iniciativa.

Para inscribirse, hay que ingresar al sitio web de la Legislatura y buscar la sección de "Participación Ciudadana", que a su vez tiene un apartado dedicado a las "audiencias públicas".

En ese apartado, hay que buscar la audiencia pública sobre el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA, y allí descargar el formulario de inscripción, imprimirlo y completarlo.

Una vez completado, el formulario deberá ser digitalizado, con una foto o scanner, y enviado por mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.

De acuerdo al decreto publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 24 de agosto, pueden anotarse para participar en la audiencia quienes tengan domicilio la Capital Federal, y el plazo de inscripción es desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre próximo, a las 14.

Luego, el 15 de octubre comenzará la audiencia, que tendrá modalidad virtual, como ocurre desde que se declaró la pandemia, y se realizará a través de la plataforma Zoom.

Sin embargo, en el decreto se aclaró que quienes "no cuenten con acceso a medios virtuales para intervenir, deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono (011) 4338-3151 o vía correo electrónico a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar".

Esa oficina facilitará la participación, también de manera virtual, "mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura, sita en Perú 160".

La semana pasada, acudieron a la Legislatura referentes de unas 40 organizaciones vecinales, sociales, gremiales y políticas para presentar un documento que, entre otros puntos, proponía incluir la participación presencial en la audiencia, pero no tuvieron respuesta.

"Con la pandemia, quedó demostrado que en la Ciudad hay muchas familias que no tienen acceso a dispositivos o a internet, si los chicos no pudieron participar de las clases, la participación ciudadana también se vería afectada", dijo a Télam Mariano Pasi, integrante de CTA Autónoma Capital y la red Tierras Ferroviarias Verdes, dos de las organizaciones que firmaron el documento.

"Creemos que para garantizar la participación se pueden habilitar medios electrónicos para quien quiera o deba hacerlo desde la casa, pero también debería existir la posibilidad de acercarse a la Legislatura", consideró Pasi.

Entre fines de noviembre de 2020 y enero de este año, se realizó otra audiencia pública virtual para tratar un tema similar: la rezonificación de los predios de la Costanera Norte conocidos como Costa Salguero y Punta Carrasco, donde el gobierno porteño busca habilitar la construcción de edificios de hasta 10 pisos.

Esa audiencia fue la más numerosa en la historia de la Legislatura porteña: a lo largo de 27 jornadas participaron más de 2.000 personas, de las cuales el 98%, según varios relevamientos, se opusieron a la privatización de esas tierras, que actualmente pertenecen al Estado de la Ciudad.

La ex Ciudad Deportiva de Boca, en cambio, pertenece a la empresa IRSA, que proyecta construir allí el barrio "Costa Urbana", con edificios de hasta 45 pisos con vista al Río de la Plata.

Debido a que el predio, de 70 hectáreas en total, está habilitado sólo para actividades deportivas, IRSA y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta firmaron en julio pasado un convenio que cambia sus normas urbanísticas, el cual fue aprobado en primera lectura en agosto y, antes de la segunda y definitiva votación, debe pasar por una audiencia pública.

Al respecto, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Catedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), señaló que "la audiencia pública por Costa Urbana será la continuación participativa de un movimiento ciudadano urbano que se consolidó en la gran resistencia para que no sea vendido el predio conocido como Costa Salguero para la construcción de una muralla de torres".

Y agregó que ese movimiento ciudadano "no solo expresa la defensa de la Costanera y de nuestros pocos humedales, sino que plantea la rediscusión de un modelo urbano basado en la democracia participativa ambiental, en contraposición al modelo privatizador y vertical que se consolida en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 40 años".

Otra de las organizaciones que convocan a la ciudadanía a participar de la audiencia es la Defensoría de Laburantes.

"El objetivo es frenar lo que consideramos el mayor despojo de tierras de las últimas décadas", dijo Tamara García, una de sus integrantes, e informó que, como parte de la campaña "Costanera Verde Pública", la organización brinda talleres para acompañar a quienes deseen inscribirse y participar.

Jonatan Baldiviezo, presidente del Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó por su parte: "El gobierno de la Ciudad desconoció la legitimidad democrática de la histórica y masiva audiencia pública llevada a cabo por el predio de la Costa Salguero. Acusó a la ciudadanía de haber llevado adelante una especie de conspiración".

Es que, pese al rechazo casi unánime, de los vecinos que participaron, a vender una parte de Costa Salguero para construir allí edificios, el oficialismo porteño (Vamos Juntos) se mantiene firme en su decisión de avanzar con el proyecto.

"En esta audiencia pública -agregó Baldiviezo-, más la ciudadanía porteña demostrará una vez más su vitalidad para defender y recuperar la Costanera para el uso común. La ciudad no debe ser sólo pensada para la especulación y la democracia participativa y ambiental no quedará sujetada a una legislatura capturada por los intereses inmobiliarios".

Vamos Juntos y sus bloques aliados en la Legislatura (UCR-Evolución y Partido Socialista), cuentan, al menos por lo que resta de este año, con la mayoría necesaria para aprobar estos proyectos urbanísticos, y las audiencias públicas, si bien son obligatorias, no son vinculantes. (Télam)