Comienza mañana la audiencia pública por el destino de la ex Ciudad Deportiva de Boca, donde la empresa IRSA, con el apoyo del Gobierno porteño, planea construir un emprendimiento inmobiliario con edificios de hasta 45 pisos, mientras que un conjunto de organizaciones que luchan por una "costanera verde y pública" rechazan el proyecto y preparan sus argumentos.

En la ex Ciudad Deportiva, un predio de 71 hectáreas ubicado sobre el Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur, su propietaria, la empresa IRSA, quiere construir un nuevo barrio con edificios de hasta 145 metros de altura y calles internas.

Para eso, IRSA, una firma de Eduardo Elsztain, cuenta con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que impulsa un proyecto de ley en la Legislatura local para cambiar las normas urbanísticas de esas tierras, habilitadas actualmente solo para equipamiento deportivo.

Pero las organizaciones agrupadas en el espacio "Costanera Verde Pública" rechazan el emprendimiento inmobiliario y sus integrantes participarán de la audiencia, que comienza mañana en la Legislatura porteña con modalidad virtual y en la cual se inscribieron 2.593 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que hablarán a lo largo de 14 jornadas, teniendo lugar la última de ellas el 8 de noviembre próximo.

"Elaboramos materiales para redes sociales, realizamos charlas, un festival este último fin de semana, una radio abierta, un encuentro de juventudes y otras actividades para visibilizar esta situación y prepararnos con los argumentos propios de la audiencia", dijo hoy a Télam Alejo Caivano, integrante de la Defensoría de Laburantes.

Entre otras organizaciones, "Costanera Verde Pública" está integrada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), la Defensoría de Laburantes (La Defe) y la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA-Autónoma).

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El espacio "Costanera Verde Pública" realizó sus primeros encuentros en julio pasado, cuando las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto de la Legislatura debatieron el proyecto de IRSA.

"Consideramos que la costanera debería ser verde y pública y también queremos vincular la lucha por Costa Salguero con la de Costa Urbana", comentó Caivano.

El abogado se refirió así al proyecto que el Gobierno porteño impulsa para el predio de la Costanera Norte, que consiste en vender una parte de Costa Salguero y habilitar allí la construcción de edificios privados.

Ese proyecto se encuentra frenado por una resolución judicial, confirmada hace pocos días en segunda instancia, que consideró inconstitucional la manera en que se aprobó la ley para autorizar la venta de Costa Salguero, un terreno que es de "dominio público" por pertenecer al Estado de la Ciudad y ser parte de la costa del Río de la Plata.

"Costa Urbana", por otro lado, es el nombre que IRSA dio al barrio que planea construir en la ex Ciudad Deportiva.

"En mi caso personal, tengo un hijo de ocho años y me preocupa mucho que el día de mañana pueda no disfrutar de la reserva ecológica como la disfruto yo ahora, pero hay muchos argumentos válidos", continuó Caivano.

Uno de los argumentos que manifestarán las organizaciones en la audiencia es que la reserva ecológica Costanera Sur se verá afectada por las construcciones de IRSA.

"Este emprendimiento va a acabar con el hábitat de muchas especies del lugar", dice una de las publicaciones del perfil de Instagram de Costanera Verde Pública, y agrega que, además, "destruirá uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad".

En este sentido, advierten que la preservación de este y otros humedales es "fundamental para mitigar eventuales ascensos del nivel de las aguas, conservar la biodiversidad, atenuar el impacto de las inundaciones y generar biocorredores naturales que permitan el acceso de los vientos desde las costas".

Este último punto es importante porque ayuda a mitigar el efecto conocido como "isla de calor" que se produce en las grandes ciudades.

Las agrupaciones también se valen, en su argumentación, de la Constitución de la Ciudad, la cual establece que el "contorno ribereño debe ser público y de acceso libre", a la vez que ordena la "recuperación de las áreas costeras".

Además, afirman que "la autorización del emprendimiento Costa Urbana significa consolidar el mayor despojo de tierras públicas de la Ciudad".

El predio que actualmente pertenece a IRSA tiene una historia particular: en la década de 1960, el Estado nacional lo cedió a Boca Juniors con la condición de que no lo vendiera a privados y lo destinara a actividades deportivas.

Así, el club comenzó una campaña entre sus hinchas para reunir dinero y construir la Ciudad Deportiva, proyecto que incluía una pileta de natación y un estadio, entre otras instalaciones, algunas de las cuales llegaron a concretarse.

Pero, en la década de 1980, la entonces municipalidad de Buenos Aires cedió la posesión del terreno al club de fútbol, que a principios de los 90 lo vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA.

Desde 1997, IRSA mantiene cerrado el terreno a la espera de poder concretar su proyecto: un barrio a orillas del río.

El espacio Costanera Verde Pública advierte en este sentido sobre la "especulación inmobiliaria" por parte de la empresa, y argumenta que el emprendimiento "prevé 6.000 residencias en un barrio que posee el mayor grado de viviendas deshabitadas de la Ciudad", en referencia a Puerto Madero, una urbanización suntuosa que, según varios relevamientos, tiene una ocupación de apenas el 30%. (Télam)