El juez en lo criminal Diego Slupsky citó a una audiencia para el próximo miércoles para definir una docena de “hábeas corpus” presentados contra las restricciones ambulatorias para prevenir la pandemia de Covid-19, confirmaron fuentes tribunalicias.

A la audiencia, fijada de acuerdo al artículo 14 de la ley 23.098 para el 28 de abril a las 11, que se realizará por el sistema de videoconferencia, fueron citados los denunciantes y, mediante oficio cursado a la Jefatura de gabinete de Ministros de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a través de un representante que designe.

El artículo 17 de la ley establece que “terminada la audiencia el juez dictará inmediatamente la decisión” en la que se debe mencionar el acto denunciado como lesivo, la autoridad que lo emitió y de la persona que lo sufre y “la parte resolutiva, que deberá versar sobre el rechazo de la denuncia o su acogimiento”.

Slupsky actúa como subrogante en el juzgado en lo criminal 14, donde se acumularon una docena de casos de “hábeas corpus” por el dictado de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que, a partir del 297/2020 del 19 de marzo de 2020, tras la declaración de “emergencia sanitaria”, restringieron la libertad ambulatoria para evitar el contagio del coronavirus.

Con “idénticos fines” el juez citó a la audiencia a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) “para que informen que autoridad de las mismas habrá de presentarse” en sus nombres.

Según la resolución firmada ayer, la audiencia, a la que fue convocado el fiscal Lucio Herrera, se ordenó tras la intervención de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal.

El juez requirió al PEN que, “previo a la realización de la audiencia, aporte a este tribunal con la máxima urgencia posible y mediante los medios que correspondan, todas las constancias que posea respecto del tratamiento dado en el Congreso de la Nación".

Específicamente, pidió "las resoluciones por las que se ha otorgado validez, a cada uno de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas y modificaciones”.

También “los respectivos dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), y todo otro que justifique o explique la motivación de su inmediata aplicación”.

Entre los accionantes, particulares y abogados, figuran Lucas Bruno, Alan Riedmaier, Flavia Collado, Beatriz Adela Albertelli, Antonio Aimar Fratamico, Javier Mariano Areco, Esteban Pablo Barila, Lautaro Tomás Massimino, Mariela Diana Blanco, Damián Alberto Pedraza, Sonia Elena Marles Genacio e Isaac Wieder.

El juez notificó a los accionantes por correo electrónico y les hizo saber que debían designar abogados (en los casos en lo que no ejercieran la acción como letrados), o ser asistidos por el Defensor Oficial de turno, Ricardo Alberto De Lorenzo. (Télam)