La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy por "inadmisible" un recurso extraordinario para que la Corte Suprema analice la causa por el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, en 1975, como un crimen de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales.

De ese modo, a la querella que representa a la familia del militar secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sólo le queda el camino del recurso de queja ante el máximo tribunal, dijeron a Télam voceros del caso.

La sala II de Casación desestimó hoy un recurso extraordinario presentado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, representante de Arturo Larrabure –hijo del militar- al declararlo "inadmisible".

Según la resolución, "el impugnante no ha cumplido con los recaudos" legales necesarios para la interposición de ese tipo de recurso ante la Corte.

Larrabure (h) ya había sufrido el revés de un juzgado federal de primera instancia y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que consideraron que la muerte de su padre no constituye un caso que puede encuadrarse en delitos contra la humanidad, y por tal razón imprescriptible en su persecución penal.

En diciembre pasado Casación ratificó la resolución de la Cámara Federal rosarina y hoy desestimó el recurso extraordinario ante el máximo tribunal.

Larrabure fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 durante un ataque del ERP a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de la ciudad de Villa María, Córdoba.

Según la investigación que se realizó en aquellos años, la guerrilla marxista lo mantuvo cautivo durante un año en una vivienda de la ciudad santafesina de Rosario, donde fue encontrado muerto en agosto de 1975, cuando tenía 43 años.

El hijo de Larrabure pidió ante la Justicia que se convoque a declaración indagatoria como imputado a Juan Kremer, ex militante del ERP y conocido por su apodo como "Luis Mattini".

Para eso era necesario que se declarase el caso como crimen de lesa humanidad.

Las tres instancias judiciales intentadas por Larrabure hijo rechazaron su planteo al considerar que la guerrilla del ERP no actuaba en representación del Estado ni disponía de control territorial de una parte del país, entre otros argumentos. (Télam)