La Cámara Federal de Casació Penal declaró hoy inadmisible un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y acompañado por la querella de la agrupación HIJOS-Bahía Blanca en el cual se pedía la detención del imputado Juan Carlos Curzio a quien acusaron de haber amedrentado a los testigos del juicio oral que se desarrolla en esa ciudad por crímenes cometidos por la Triple A, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la la Sala II del máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques -el magistrado Alejandro Slokar votó en dirección contraria a sus colegas- quienes se opusieron a la detención del imputado que había sido reclamada por Pablo Vicente Fermento, auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la ciudad de Bahía Blanca.

El pedido fue efectuado en el juicio por el fiscal y contó con la adhesión de la abogada representante de la Agrupación “HIJOS”, debido al temor de amedrentamiento de las víctimas, por el contacto que tuvo el imputado con los testigos durante el debate.

Ante ese pedido, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca había respondido que para asegurar el debate bastaba con una “prohibición de contacto” bajo apercibimiento de detenerlo si continuaba con esa actitud: Curzio había sido beneficiado antes de iniciar el debate con su libertad y está siendo juzgado por su participación como integrante de una asociación ilícita.

El imputado era integrante de la Triple A junto a Roberto Aceituno, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Pallero, quienes habían sido contratados por el exrector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, para cuidar la “seguridad y vigilancia” de esa institución, según recordaron fuentes judiciales.

En esa misma universidad -donde actualmente se está desarrollando el debate-, en una asamblea de estudiantes fue asesinado el estudiante de Ingeniería y secretario de la Federación Universidad del Sur, David "Watu" Cilleruelo, el 3 de abril de 1975.

En su voto disidente, el juez Slokar consideró que correspondía habilitar la impugnación del fiscal, en tanto “el casacionista ha fundado la admisibilidad del remedio, inter alia, en la concurrencia de un gravamen de imposible reparación ulterior derivado de ‘las posibilidades ciertas de que Juan Carlos Curzio frustre o perjudique la prosecución del proceso y, en su caso, el juzgamiento de crímenes contra la humanidad'”. (Télam)