La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy el fallo que dispuso la prisión preventiva de la diputada nacional Aida Ayala (Cambiemos) por no estar debidamente fundada y ordenó a la Cámara Federal de Resistencia (Chaco) emitir uno nuevo.

Los jueces del máximo tribunal penal sostuvieron que, al confirmar las prisiones preventivas dictadas en la causa, la Cámara Federal de Resistencia omitió evaluar los riesgos procesales que implicaba dejar en libertad a los imputados, según el fallo al que accedió Télam.

En esta causa se encuentran detenidos el gremialista chaqueño Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro, Rolando Acuña y Pedro Martínez; mientras que Ayala no perdió su libertada por la protección de los fueros legislativos.

Ayala y el resto de los imputados están acusados de desviar dinero del municipio de Resistencia a través de la concesión de millonarios contratos de recolección de residuos en 2014 a empresas supuestamente vinculada con la ex intendenta.

La sala IV de la cámara de Casación dejó firmes hoy lo procesamientos pero le ordenó al tribunal de Apelaciones de Resistencia volver a pronunciarse sobre las prisiones preventivas, que habían dictado la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini. Luego fue confirmada por la Cámara Federal de esa Ciudad que, según Casación, estuvo mal fundada.

“Los magistrados de la instancia anterior omitieron evaluar la cuestión sometida a su jurisdicción por las partes y dictaron la prisión preventiva de los imputados sin analizar de forma específica y concreta la situación de cada uno de los imputados, según los riesgos procesales que podrían verificarse en autos”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos.

La decisión de la sala IV contó con los votos de Hornos y su colega Juan Carlos Gemignani mientras que el tercer juez, Mariano Borinsky, dejó asentado que su opinión ya no era necesaria en el fallo porque alcanzaba con los votos de sus colegas.

La apelación al fallo de la Cámara Federal de Resistencia en nombre de Ayala había sido presentada por el abogado Ricardo Gil Lavedra quien sostuvo que "el tribunal (de Apelaciones) efectuó una errónea interpretación de la anterior decisión adoptada” por Casación cuando rechazó un pedido de eximición de prisión.

Gil Lavedra había sostenido que la Cámara Federal de Resistencia le atribuyó al rechazo de la eximición de prisión “valoraciones sobre el mérito de los riesgos procesales que sustentarían la prisión preventiva que nunca fueron efectuadas”.

Fue ese mismo razonamiento el que siguió la Casación para determinar que el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que confirmó su procesamiento con prisión preventiva no estaba debidamente fundado.

Ayala fue procesada como penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público. (Télam)