La Cámara Federal porteña resolvió apartar a Eloy Bona, designado perito oficial en la causa iniciada por supuestas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación, ejecución y financiamiento de la obra Central Térmica a carbón Río Turbio, en Santa Cruz, al considerar que hay temor de parcialidad en base a su actividad en la red social Twitter.

La decisión fue del camarista de la sala II del Tribunal de Apelaciones, Roberto Boico, y a pedido de las defensas de los imputados -entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido y el exfuncionario de esa cartera, Roberto Baratta-, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Bona, perito ingeniero, fue cuestionado por el contenido de su cuenta en esa red social, @eloybona, donde según las defensas emitió "opiniones que evidencian una situación de odio, inquina y animadversión hacia varias personas que integraron el Gobierno nacional en el período 2003 a 2015".

Entre ellas está De Vido e incluso hubo una "referencia concreta a Yacimientos Carboníferos Río Turbio", consignaron los abogados al repasar la actividad del perito en Twitter.

Boico, con su fallo, revocó una decisión del Juzgado Federal 9, que había rechazado apartar al perito, y dispuso que sea separado de la causa en la que había sido designado el 18 de mayo último para intervenir en una pericia, suspendida hasta que se definiera la situación.

"En tal contexto se exhibe un serio temor de parcialidad, que no es otra cosa que la expectativa que aquí albergan los imputados respecto a la persona del perito que otrora vertiera manifestaciones o preferencias, aún bajo el formato específico de las redes sociales, alusivas a particularidades vinculadas a esta causa y con especial referencia a uno de los imputados fotografiados en el twitt", analizó.

El camarista resaltó que "más allá que esa preferencia o manifestación exhibida por el perito no repercuta en su actividad profesional en la causa, la ley sólo exige la concurrencia de la causal para justificar el apartamiento".

Boico aludió a la "importancia que asumen los dictámenes elaborados en la experticia pericial para la correcta reconstrucción de los hechos que servirán a la ulterior aplicación del derecho al litigio, y ello se agudiza en la medida que sus conclusiones permitirán formar convicción sobre hechos de significación penal".

"La imparcialidad que exige la Constitución y la ley para todos los peritos, y en especial para el aquí objetado como integrante de la nómina del cuerpo especializado de la Corte Suprema y que actuará en causas criminales, está debidamente cuestionada", concluyó Boico en este caso.

El juez explicó que, si bien la mayor parte de la actividad de Bona en la red social consistió en dar 'like' a mensajes de terceros, "se exhibe uno de características específicas cuya indicación de preferencia denota un posicionamiento preliminar sobre aspectos de la causa donde ulteriormente resultara desinsaculado".

Boico, además, recordó que los abogados defensores glosaron al incidente -sin que haya sido objetada su veracidad por el propio perito- un mensaje de la cuenta de Twitter del experto que decía: "Río Turbio: lanzaron una licitación, dos veces, pero no ganó la empresa que querían y triangularon vía Polonia", correspondiente a un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, publicado en La Nación el 9 de julio de 2017, en el que aparecía la foto de De Vido, imputado en el caso.

En sus fundamentos, Boico atribuyó el apartamiento del perito a la determinación de "disipar toda hesitación en procura del adecuado desarrollo de un proceso penal absolutamente carente de todo reproche y que exhiba notas incuestionables de objetividad e imparcialidad, pues está en juego nada más ni nada menos que la libertad de las personas sometidas a juicio".

Y en el mismo sentido, en otro párrafo remarcó que "las eventuales reacciones punitivas del Estado en el marco de un proceso penal" deben estar "insospechadas de parcialidad o favoritismo", "pues sólo así se garantizará un Estado constitucional de derecho".

El perito Bona había argumentado que su actividad en Twitter cesó en julio de 2017, "mucho antes" de su intervención en este proceso e, incluso, previo a incorporarse al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, cargo que asumió el 3 de octubre de ese año.

Además, dijo que su cuenta en la red social se encontraba cerrada desde agosto de 2019.

Bona fue cuestionado con anterioridad en otro expediente, la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra pública nacional en Santa Cruz, por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la actualidad, esa causa se encuentra en fase de juicio oral.

La expresidenta y actual titular del Senado, en relación a Bona, había pedido su apartamiento el 12 de junio de 2019 pero el planteo fue rechazado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, a cargo del juicio "Vialidad", en una decisión que en octubre de ese mismo año dejó firme la Cámara Federal de Casación con el voto unipersonal del juez Javier Carbajo. (Télam)